Los días 18 y
19 de julio, en la localidad de Achocalla (La Paz), se organizó un encuentro a
nivel nacional de las autoridades originarias que componen el CONAMAQ. Motivo
para la reunión fue el anuncio de un personero (el Viceministro de Producción)
del Ministerio de Minería y Metalurgia en sentido de que el anteproyecto de la
Nueva Ley Minera se habría concluido y que el mismo estaría listo para que el
Gabinete del Presidente Evo Morales lo revise. Una vez concluida esa tarea,
pasaría a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su respectivo tratamiento
por los legisladores nacionales.
El solo hecho
de anunciar de la nueva Ley de Minería, -como no podía ser de otra manera,- ha
movilizado a las autoridades originarias aglutinadas en la CONAMAQ. Por eso decidieron
organizar una “Cumbre” para ver y analizar los verdaderos alcances de la
referida ley.
Al evento habían
invitado instituciones y organizaciones ambientalistas. Algunas vaticinaron que
la referida ley no era sino una forma de expoliar nuevamente nuestros recursos
naturales. Para otras instituciones, la nueva ley minera constituía una nueva
forma de “entreguismo” de nuestros
recursos naturales a las transnacionales mineras. No faltó la expresión de
alguna institución que incluso planteó que el país y los países
latinoamericanos debieran abandonar las “industrias extractivistas”, atribuyendo
la responsabilidad de dañar tierras y ríos en directo perjuicio de comunidades
íntegras a lo largo y ancho del país. Las exposiciones de todas estas
instituciones, tenían la misión de orientar en materia de explotación de los
recursos naturales y contaminación a toda la representación de autoridades
originarias que habían arribado a la “Cumbre”, para que ellas mismas se
pronuncien.
Serios cuestionamientos a la actividad minera
Las distintas
representaciones de las autoridades originarias, en sus intervenciones señalaron
que la minería no respondía a las
necesidades de las comunidades. En determinado momento Tata Félix Vecerra,
Jiliri Apu Mallku del CONAMAQ, reflexionaba: “…Cuánta riqueza habíamos tenido
en nuestros territorios, y nosotros seguimos viviendo en pequeñas casitas con
pajitas. No tenemos alimentación ni educación de calidad. La desnutrición sigue
matando a nuestros niños a pesar de ser dueños de tanta riqueza. Entonces, ¿qué
pasa…? ¿Quién se lleva nuestra riqueza? ¿Por qué no podemos progresar? Cada día
escuchamos al Presidente decir que es para vivir bien, pero ¿qué pasa? Ellos (los mineros) tienen todo y nosotros
nada. Ellos pueden comprar cualquier cantidad de autos y nosotros, ni
carretillas podemos comprarnos…”
Reflexiones e
intervenciones como éstos, en determinado momento, indujo a plantear y
plantearse “la soberanía de los recursos naturales”. Es decir: que los recursos naturales del país
son de propiedad de las naciones originarias y que el Estado, hasta el momento,
solo ha servido para despojarlos de los mismos.
En algún momento, la reacción se concentró en cuestionar de forma
definitiva a la actividad minera.
“La minería
sólo nos ha traído más pobreza y desigualdad”, mencionaba algún comunario. Entre
tanto, otras representaciones dejaban entender que ellos debieran ser los
“actores mineros” y, si habría explotación minera, sería con respeto a la madre
tierra (Pachamama), cuidando la naturaleza. En esta “Cumbre” de dos días, fue
unánime el rechazo al efecto contaminador que implica la actividad minera.
El agua: recurso natural más preciado por las
comunidades
Varias fueron
las intervenciones en sentido de que “la pelea” en adelante debiera ser por
defender el recurso natural AGUA. “No vamos a comer oro”, mencionaba
una Mama T’alla, “los mineros no van a comer su mineral…
nosotros producimos alimentos para la vida y debemos exigir que se
respete el agua. Vamos a exigir que respeten el agua, que respeten nuestros
ríos, nuestras tierras…”, concluyó.
¿En qué lógica el gobierno implementa la nueva
constitución política del estado?
El Presidente
de la Coordinadora en Defensa del la Cuenca del río Desaguadero Lagos Uru Uru y
Poopó (CORIDUP), Félix Laime Tapia, enfatizó: “…El Gobierno, por presión de los
mineros, está aprobando la nueva ley de minería, pero se está olvidando de su
propio discurso que dice que debemos defender la madre tierra, y la madre tierra
se defiende primero defendiendo el agua que es primordial para la vida.
Entonces el Gobierno debe aprobar primero la ley marco de “Agua para la Vida”.
En esa ley vamos a saber a qué se atienen los mineros. Que no sea como ahora
ocurre: utilizan tanta agua para contaminarlo y ni siquiera pagan un centavo
por el uso”.
Esta
intervención, entre otras, condujo a que entre las resoluciones de la “Cumbre”
se diga de que se haga fuerza desde la CONAMAQ y otras organizaciones para que
la Ley de Aguas se promulgue primero, antes que la Ley de Minería. Las
autoridades originarias más experimentadas que asistieron al evento, expresaron
que, si el Gobierno sigue mencionando que es expresión de los pueblos
originarios, -si esto es así, -debe ser consecuente con sus palabras en los
hechos.
El gobierno tiene la obligación consensuar la ley de
minería antes de ser promulgada.
“…Una vez
promulgada la Ley de Minería, ¿para qué vamos a siquiera discutir, si todo
estará consumado?” Así se dijo en una de las intervenciones de las
representaciones que asistieron al evento. Las reacciones no se dejaron
esperar.
Toda vez en el
evento se llegó a la conclusión de que a mineros y campesinos les liga un
recurso que ambos consideran de decisiva importancia. A través de sus
respectivas dirigencias, ambos sectores consideran que es una obligación cuidar
el recurso AGUA.
En adelante,
no se puede aceptar una ley diseñada por un solo sector o que sea una ley que obedezca
a los intereses de un solo sector.
Clemente Paco Huanca
Unidad
de Justicia Socio Ambiental – CEPA
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