lunes, 31 de marzo de 2014

Comunidades afectadas por la contaminación minera frente a la aprobación de la Ley Minera



La realidad ambiental del departamento de Oruro,  demuestra que el entorno natural de varias comunidades originarias y campesinas se encuentra deteriorado por los efectos de la contaminación provocada por las operaciones mineras. El agua, el aire y las tierras de cultivo contienen elementos químicos que alteran su estado  natural; por lo tanto, se evidencia el deterioro de la vida humana, animal y vegetal. Ante esta realidad, e informadas de que está en tratamiento el Anteproyecto de la Ley de Minería y Metalurgia en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, la Coordinadora en Defensa de la Cuenca del Río Desaguadero, los Lagos Uru Uru y Poopó (CORIDUP) como organización que aglutina a las comunidades afectadas, principalmente por la contaminación minera, ha hecho conocer su posición referente al contenido de la norma jurídica mencionada.

Entre los principales temas, que fueron abordados y analizados, están los relacionados con el medio ambiente, el agua y la consulta previa e informada. Estos temas  están ligados fuertemente a la vida cotidiana y productiva de las comunidades afectadas. También  debían ser de interés prioritario para las operadoras mineras privadas y estatales, en el sentido de emprender un trabajo minero con responsabilidad social y en sintonía con la Madre Tierra.

Tomando en cuenta lo precedentemente citado,  y luego de realizar un análisis sobre el proceso de elaboración de la ley, se decidió elaborar un documento traducido en un pronunciamiento de las comunidades afectadas por la contaminación minera. El mismo  incluye observaciones y propuestas que se pusieron a consideración de las autoridades competentes, como de la sociedad civil y organizaciones sociales.  Entre lo más sobresaliente que incluye el documento se establece lo siguiente:

·    El proyecto de Ley de Minería, que fue presentado el día 17 de marzo del presente año ante la Asamblea Legislativa, dirigida al H. Diputado Marcelo Elio Chávez, Presidente de la Cámara de Diputados, no fue consultado con todas las organizaciones sociales, sino que solamente se ha consensuado entre el Gobierno y el sector minero; en este sentido se ha violado el derecho fundamental a la consulta.

·    Deslinda obligaciones y responsabilidades a las Cooperativas Mineras, como en temas de Consulta, Impuestos y Medio Ambiente.

·    La Corporación Minera de Bolivia COMIBOL, de acuerdo a sus atribuciones, simple y llanamente se limita a suscribir y firmar contratos mineros, no tiene nada de sostenibilidad institucional.

·    No se respeta el derecho a la propiedad agraria y a las Tierras Comunitarias de Origen, mucho menos a áreas protegidas que son garantizadas y protegidas por la Constitución Política del Estado Plurinacional.  

·    Si bien esta normativa legal y la Constitución Política del Estado garantizan el derecho a la consulta previa, libre e informada realizadas por el Estado a las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, no están sujetos al procedimiento de la consulta los derechos pre constituidos.

Vemos que se mantiene como instancia decisoria al Ministerio de Minería y Metalurgia, en caso de no existir acuerdos entre los sujetos y el solicitante, por lo que no se respeta el autogobierno y la autodeterminación de las Naciones y Pueblos Indígena Originarios, establecidas en la C.P.E., el Convenio 169 de la O.I.T. y Declaración de las Naciones Unidas.

·    En las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos para ser sujeto de consulta, entre muchos requisitos, la normativa legal exige la conservación de sus patrones culturales tradicionales, cuando de hecho muchos Pueblos Indígenas Originario Campesinos se encuentran en proceso de recuperación de su cultura que había desaparecido gracias a la colonización.  

·    El Ministerio de Minería y Metalurgia, no puede ser juez y parte, cuando ejercita el control ambiental. Es una instancia que impulsa y promueve las actividades mineras, por tanto no puede ser la instancia que ejerza el control ambiental.

·    El proyecto de ley permite realizar  actividad minera en áreas protegidas y forestales. Consideramos que esta normativa es un atentando a la biodiversidad y a la riqueza natural y cultural, por lo que se debe prohibir actividades mineras en áreas protegidas y en cuencas que pudieran afectar las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y otros.

·    Consideramos importante la creación de un organismo multisectorial y descentralizado para el control y fiscalización del agua, con participación de las organizaciones sociales urbanas, rurales y pueblos indígena originarios.

·    No existe en ninguno de los articulados una referencia a un arancel por el consumo indiscriminado de agua. No específica la reposición del agua utilizada; tampoco se menciona plantas de tratamiento de aguas residuales.

·    El presente anteproyecto de Ley Minera no considera en ninguna de sus partes, la consulta previa para el uso o desvió del agua por parte de los operadores mineros.

Por ello, y por una decisión colectiva de la Coordinadora en Defensa de la Cuenca del Río Desaguadero, los Lagos Uru Uru y Poopó (CORIDUP), se ha resuelto:

“1ro.- Exigir a las autoridades legislativas la aprobación del anteproyecto de Ley Marco “Agua para la Vida”, de manera previa a la nueva Ley Minera.

2do.- Exigir  un proceso de socialización de este anteproyecto de Ley Minera que se lleve a cabo en las comunidades afectadas y en todo el territorio nacional, considerando que los recursos naturales son de todos los bolivianos y bolivianas.

3ro.- Rechazar algunos de los artículos de acuerdo a las consideraciones arriba mencionadas del anteproyecto de Ley Minera, puesto que consideramos que contiene artículos que van en discrepancia con nuestra Constitución Política del Estado, la Ley de la Madre Terra, el Convenio 169 de la OIT y de la Declaración de las NNUU y otras normativas actualmente vigentes en nuestro país.

4to.- Las comunidades afectadas por la contaminación se declaran en estado de emergencia a partir de la fecha. En caso de que el proyecto de Ley sea aprobado tal cual fue presentado,  las comunidades afectadas tomaremos medidas de hecho porque atentan a nuestros derechos.”

Unidad de Justicia Socio Ambiental - CEPA

D.S. 0335 Que Declara Zona de Emergencia Ambiental a la Sub Cuenca Huanuni debe ser elevado a rango de Ley



Voto Resolutivo de la Central Regional de Sora Sora

El domingo 16 de marzo, se realizó el II Congreso Regional de Medio Ambiente y Cambio Climático en la comunidad de Sora Sora (Municipio de Machacamarca), donde participaron un centenar de personas representantes de las 11 comunidades y del Pueblo Colonial de Sora Sora,

León Choque Cano, secretario ejecutivo de la Central Regional Sora Sora, manifestó: “El Congreso se llevó delante con mucha participación de las comunidades, dentro las resoluciones más importantes que hemos sacado están:

Exigimos una vez más que el Decreto Supremo 0335 que declara zona de emergencia ambiental a la Sub Cuenca Huanuni sea elevado al rango de ley de una vez.

Solicitamos la rendición de cuentas del uso de fondos del Programa de la Cuenca Poopó a la Central Regional de Sora Sora. El decreto solamente ha servido para crear empleo para la gente de la Gobernación. Lo más grave es que se ha captado 14 millones de euros de la Unión Europea para la remediación ambiental de la zona y con eso se ha creado el Programa Cuenca Poopó en la Gobernación, pero después de 3 años de funcionamiento, la plata se lo han gastado en sueldos de los empleados. Antes de iniciar una segunda fase se debe informar en qué trabajos de remediación se ha gastado la plata.

Exigimos planes, programas, proyectos para combatir los efectos del cambio climático en las comunidades afectadas por la contaminación y los fenómenos naturales. Nuestras autoridades deben ejecutar proyectos de adaptación al cambio climático y más aún en las comunidades donde están asentadas las empresas mineras que son más vulnerables a estos efectos.

Ante la inasistencia de las autoridades ambientales, tanto departamentales como nacionales, al Segundo Congreso Medio Ambiental de la Central Regional de Sora Sora y en cumplimiento a la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, declaramos estado de emergencia ante el desastre medio ambiental y el cambio climático en todas las comunidades afiliadas a la Central Regional Sora Sora. Las 11 comunidades de Sora Sora estamos indignados, por la burla que nos hizo la Gobernación de nuestro departamento, el Programa Cuenca Poopó, la empresa Minera Huanuni. No es posible que se porten de esta manera con las comunidades de Sora Sora.

Hemos sacado un Voto Resolutivo y de no ser atendidos, nos veremos obligados a tomar medidas más drásticas. No es posible que sigamos sobreviviendo con tanta contaminación minera. Nuestras aguas, suelos, tierras, animales, todo está contaminado por las empresa minera Huanuni, Japo, Morococala y otros que botan todos sus desechos al río sin ningún tratamiento y eso llega a nuestra comunidades.

Asimismo Serafín Escobar, presidente del Comité de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Gran Central Regional Sora Sora dijo: “El Decreto Supremo N° 0335 que declara zona de emergencia ambiental a la sub cuenca Huanuni no ha mejorado en nada la contaminación que se sufre en la zona. El agua del río sigue igual; la empresa minera Huanuni sigue botando sus aguas sin tratamiento. Por eso exigimos con carácter prioritario e inmediato el dragado y reencause del rio de San Juan Sora Sora y comunidades adyacentes y/o afluentes, lo que implique la construcción de muros de contención, gaviones, atajados, para de esta forma evitar el ensanchamiento del rio San Juan de Sora Sora. Así mismo, como cumplimiento de las normas ambientales, exigiremos la urgente construcción del dique de tratamiento de colas y tratamiento de aguas de la  empresa minera Huanuni. El gobierno municipal de Huanuni debe cumplir con la normativa ambiental referente a los residuos sólidos y las aguas servidas.

Participaron del evento la CORIDUP que dio un amplio informe sobre el seguimiento al Decreto Nº 0335 y la implementación de las Mesas de Trabajo.

También participaron al congreso el Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia (GTCCJ), LIDEMA, CEPA y el municipio de Machacamarca.

Norma Mollo
CEPA

Educación ambiental, una necesidad en los centros mineros



La contaminación ambiental en los centros mineros cada año va incrementándose. Poblaciones como Huanuni, Poopó, Antequera, Japo, Santa Fe y Morococala con tradición minera son regiones críticas ambientalmente. Actualmente estos centros mineros siguen operando; muchos de ellos no cuentan con medidas preventivas de sus contaminantes  como diques de cola, plantas de tratamiento de sus aguas y manejos de sus pasivos ambientales. Por tanto la contaminación ambiental en estas regiones es permanente y día que pasa la situación de las comunidades afectadas es más dramática.

Se han realizado varios estudios en estas zonas mineras; según un estudio realizado por Quintanilla y García (2009) a lo largo de la cuenca del Poopó se han identificado metales pesados ​​como plomo, arsénico, cadmio, hierro y zinc -en todos los casos excediendo los niveles permitidos en la legislación boliviana. Similares datos se encontraron en un estudio del río Huanuni realizado por Montoya et al. (2010), quienes reportaron un pH bajo (3.5) y excesivas concentraciones de cadmio, plomo, hierro y zinc. Por tanto no hay duda que la actividad minera  en estas regiones tiene un efecto sobre la calidad del agua, suelos y aire.

En octubre de 2009, el presidente Evo Morales emitió el decreto supremo N° 0335 declarando zona de emergencia ambiental de carácter departamental, con aplicación a los municipios de Huanuni, Machacamarca, El Choro y Poopó, debido a la inminente afectación a la salud humana y la seguridad alimentaria ocasionada por la prolongada presencia de contaminantes.  Esta declaratoria que realizó el gobierno, confirma la dramática situación de contaminación ambiental provocada por las actividades mineras.

A la contaminación minera se suma la contaminación urbana. En estos últimos años, la generación de basura se ha incrementado significativamente. En visitas a los centros mineros hemos podido observar promontorios de basura esparcidos en las calles, en los mercados, en los ríos, en los cerros, etc. Entre la basura lo que más resalta son la botellas pett, bolsas plásticos, latas, papeles, envolturas, pañales desechables, cartones, entre otros. Me llamó la atención que a lo largo del rio San Juan de Sora-Sora, existen inmensas cantidades de botellas pett y bolsas plásticas. Gran parte del rio está sembrado con plástico. Esta situación agrava aún más la situación de la contaminación ambiental en los centros mineros.

Huanuni y otros centros mineros son ciudades intermedias, por tanto requieren servicios básicos  como alcantarillado. Sin embargo la falta de tratamiento de estas aguas servidas contribuye al aumento de la contaminación; por ejemplo en Huanuni muchos de los canales de alcantarillado están conectados directamente al río San Juan de Sora-Sora. 

Ante esta realidad, parece ser que la población en estos centros mineros se ha acostumbrado a vivir y convivir con la contaminación y de no hacer esfuerzos significativos por prevenir, mitigar y remediar esta situación. En entrevistas realizada a pobladores de Huanuni manifiestan: “Que vamos a hacer; estos es nuestra realidad. La contaminación es fuerte; nadie dice nada. A pesar de que Huanuni aporta al desarrollo regional y nacional, tenemos que vivir así. La basura abunda en las calles y cuando llueve, el olor a copajira es fuerte”.

Tal como se nos ilustra en la entrevista, en muchos de los centros mineros el ambiente en el que vive la gente es desoladora y deprimente. Esta realidad nos debe llamar la atención; son décadas de actividad minera en estas poblaciones, pero las condiciones de vida no mejoran; no se cuenta con plantas de tratamiento de las aguas de alcantarillado. Muchos no tienen botadero de residuos sólidos y tampoco planes y programas en gestión ambiental.

Frente a esta situación es necesario y urgente implementar o fortalecer políticas de educación ambiental, encaminadas a prevenir las causas y consecuencias de la contaminación ambiental, propiciando actividades de sensibilización, concientización y formación de valores y actitudes de respeto a nuestra madre tierra, medio ambiente y los recursos naturales.

La  educación ambiental no es un campo de estudio en sí, como la biología, química, ecología o física.  La educación ambiental es un proceso permanente en el que los individuos y la colectividad  cobran conciencia  de su medio y adquieren conocimientos, valores, competencias, experiencias y voluntad, capaces de hacerlos actuar individual y colectivamente para resolver  los problemas  actuales y futuros del medio ambiente. Por tanto, la educación ambiental no debe circunscribirse a las unidades educativas; todos estamos llamados a contribuir con nuestro medio ambiente: organizaciones sociales, ONGs, instituciones públicas y privadas, centros académicos, sindicatos mineros, comunicadores sociales, etc. 

Desde esa perspectiva es muy importante diseñar estrategias y políticas de educación ambiental en los centros mineros, trabajar en todos los niveles: niños, jóvenes, mujeres y adultos. De la misma forma todas las instituciones presentes deben contribuir en este trabajo. Pues de lo contrario la problemática socioambiental tiende a generar el grave peligro de acostumbrar a la gente joven a vivir  y a convivir con toda esta contaminación y de no avanzar en nada. Por tanto las autoridades municipales, departamentales y nacionales deben impulsar y promover políticas claras de cuidado del medio ambiente, del agua y los recursos naturales.

La educación ambiental en esta época de crisis ambiental debe convertirse en una verdadera medicina preventiva, frente a los graves problemas de contaminación ambiental; de lo contrario estamos amenazando la existencia misma de las futuras generaciones.

Limbert Sánchez Choque
CEPA

LOS URUS DEL LAGO POOPÓ A un año de la marcha hacia la sede de gobierno



Ha transcurrido un año desde que los Urus protagonizaran una marcha hacia la sede de gobierno, demandando atención del Estado para resolver problemas de profunda duración histórica: 1) reconocimiento y respeto a su identidad cultural, diferente de las mayorías aymara y quechua que predominan en la región andina; 2) desarrollo productivo para las comunidades Uru; 3) atención en salud y educación; 4) respeto y protección del lago que es su hábitat y fuente de subsistencia; 5) aprovechamiento preferencial de los recursos lacustres al igual que sus ancestros, y 5) principalmente, más tierras y reconocimiento de un territorio para los Urus del lago, que actualmente ocupan espacios muy pequeños, además que están divididos en diferentes provincias y municipios, lo que dificulta su desarrollo y pone en riesgo su continuidad como pueblo y como cultura.

La marcha de los Urus, realizada entre el 5 y 14 de marzo de 2013, fue una llamada de atención para la sociedad y el Estado boliviano que largamente los han olvidado y marginado. Solo por tratarse de un pueblo “minoritario” y con una cultura diferente de pescadores, cazadores y recolectores, los urus sufrieron permanentemente el avasallamiento de sus territorios, discriminación y subordinación social, económica, cultural y política. La evidencia de lo anterior está ampliamente documentada, desde crónicas coloniales hasta estudios recientes; también las actitudes que muchos de sus vecinos y el propio Estado mantienen hasta hoy en día con respecto a los Urus, son signos de discriminación y exclusión.

La marcha de los Urus del lago, en marzo del 2013, nos dejó un mensaje claro: reconocimiento y respeto a los derechos de uno de los pueblos más antiguos de los Andes; atención a sus problemas y necesidades como única forma de asegurar su pervivencia social y cultural. Concretamente, el conjunto de sus demandas pueden resumirse en los siguientes puntos:

1. IDENTIDAD CULTURAL: Reconocimiento y respeto a la identidad y cultura de los Urus del lago Poopó, como pueblo milenario de los Andes, anteriores a los Aymaras y Quechuas. Respeto a su diferencia específica, sin que sean tratados bajo el modelo cultural de otros pueblos originarios mayoritarios, los Urus del lago demandan: “NO MÁS DISCRIMINACIÓN, NI HUMILLACIÓN”.

2. TERRITORIO: La pervivencia del pueblo Uru no se puede pensar sin un territorio. Como “Qotzuñi” u hombres del agua, los Urus consideran al lago Poopó su territorio ancestral, ya que el lago es su fuente principal de sustento económico, base de historia e identidad; es su “Quchamama”. Por otro lado, el lago Poopó se ha ido reduciendo, dejando descubiertas amplias extensiones de tierra, mismas que el Estado reconoce como “terreno de dominio público”, es decir, que no pertenecen a nadie. Los Urus reclaman estas tierras como base para la consolidación de un territorio, como restitución histórica del territorio de sus antepasados que, además, les permita generar su fortaleza organizativa, cultural y desarrollo socio-económico. Actualmente, los Urus del lago Poopó se encuentran divididos en tres comunidades pertenecientes a provincias y municipios  distintos – no porque ellos quieren, sino debido a políticas estatales que nunca consideraron la realidad de este pueblo -, lo que dificulta la articulación de un proyecto único de vitalización social, económica, política y cultural que esté en consonancia con los derechos de pueblos indígena-originarios reconocidos en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia.

3. TIERRAS Y RECURSOS LACUSTRES: La tierra es un recurso fundamental para los Urus del lago Poopó, sobre todo, como una estrategia para complementar su economía lacustre con otras actividades agropastoriles, ya que los cambios en el ecosistema del lago han provocado la disminución de recursos que antes les permitían vivir exclusivamente de la caza, la pesca y la recolección. Las comunidades Urus actuales ocupan espacios muy reducidos de tierras, que apenas les alcanza para construir sus viviendas o para una agricultura en muy pequeña escala. El acceso a este recurso vital está condicionado por las limitaciones que les imponen sus vecinos, quienes ven a los Urus como simples inquilinos y con pocos derechos. La resolución al problema de tierras insuficientes de los Urus del lago, es otra demanda que hasta la fecha no ha merecido mayor atención por parte de las autoridades.

Por otro lado, en cuestión de recursos lacustres: peces, aves, plantas u otros que constituyen la base de la economía tradicional Uru, los Urus del lago demandan el aprovechamiento preferencial de los mismos; ya que, se trata de un pueblo de pescadores, cazadores y recolectores desde tiempos muy remotos, que no sólo representa una actividad económica para ellos, sino todo una forma de vida y una cosmovisión. Por ejemplo, la pesca es una actividad central en la vida de los Urus, aunque ahora comparten dicha actividad con otras poblaciones Aymaras, para quienes la pesca es únicamente complementaria a sus actividades agropastoriles muy desarrolladas.  Sin embargo, las autoridades departamentales encargadas de regular esta actividad, tratan a unos y otros con las mismas reglas, sin comprender que los Urus son pescadores tradicionales. Los Urus piden el aprovechamiento preferencial de los recursos del lago, en lógica relación con su modo de vida ancestral.

4. PROTECCIÓN DEL LAGO: Como mencionamos anteriormente, los Urus consideran al lago Poopó como su “Quchamama”, la fuente de su identidad, historia y sustento económico. Lamentablemente, el lago está afectado por la contaminación minera y está amenazado también por los cambios climáticos, sin que existan políticas estatales claras para su protección y conservación. Los Urus perciben que la calidad y cantidad de agua, de peces, plantas y aves ha disminuido considerablemente, poniendo en riesgo su salud y su vida misma como pueblo y como cultura. Por tanto, los Urus demandan atención urgente sobre este problema.

5. DESARROLLO PRODUCTIVO: La escasez de tierras, la ausencia de un territorio unificado, la disminución de los recursos lacustres y la poca sensibilidad de las autoridades ante esta situación, sitúan a los Urus del lago Poopó en una condición de pobreza. Por eso, lo Urus reclaman ser atendidos con proyectos de envergadura que resuelvan sus necesidades a largo plazo, no con pequeñas iniciativas como se hizo hasta ahora por autoridades municipales o departamentales. Para esto, primero se debe resolver el tema de mayor acceso a tierras, así como apoyo para actividades agroganaderas, proyectos alternativos en artesanía, crianza de peces, turismo comunitario, etc. Se demanda al Estado facilitar las inversiones en este sentido.

6. SALUD Y EDUCACIÓN: Los Urus del lago Poopó consideran que la superación de muchos de sus problemas y necesidades será posible también mediante la optimización de la educación escolarizada, lo que requiere aspectos como: mayor y mejor infraestructura, equipamiento educativo, mayores condiciones de acceso a la educación: primaria, secundaria y superior. La educación para los Urus es una estrategia terminar con la discriminación que sufrieron desde tiempos de sus abuelos. En salud existe una demanda similar, infraestructura, equipamiento,  personal especializado y otros aspectos necesarios para asegurar el bienestar de las familias.

Hasta aquí, hemos rememorado algunas de las principales demandas de los Urus del lago Poopó en ocasión de la marcha que protagonizaron en el mes de marzo de 2013. Seguro que los propios Urus informarán en el momento oportuno los avances y logros que se han tenido hasta la fecha; por nuestra parte conocemos que aún falta mucho camino por andar. Para ello se requiere de mucha voluntad y sensibilidad por parte de las autoridades estatales y otros actores sociales involucrados y comprometidos con la causa de uno de los pueblos más antiguos de los Andes: LOS URUS DEL LAGO POOPÓ.

Marcelo Lara B.
UNIDAD DE CULTURAS - CEPA