Hoy por hoy muchos países de América Latina viven contextos de dominación
y resistencias por la implementación de proyectos extractivos. Actualmente el
modelo económico de los países de la región está profundizando la dependencia a
las actividades extractivistas ligadas a la minería, hidrocarburos y el uso
intensivo del suelo en monocultivos agroindustriales. Todas estas actividades están orientadas a la
exportación, es decir saquear los recursos naturales para que otros se
beneficien y lo que dejan como ganancia son los pasivos y la contaminación de
por vida.
Ante esta
realidad los diferentes gobiernos de la
región están promoviendo actividades extractivas, aprobando leyes y decretos
que benefician a las empresas y a las grandes corporaciones, otorgándoles más
derechos y más garantías, en desmedro de las comunidades y pueblos. En muchos
países los proyectos extractivos se están concentrando en zonas estratégicos
con la finalidad de tener más control de los recursos naturales.
Muchos de los
conflictos mineros en la actualidad están en torno al acceso y uso del agua, control de los recursos
naturales y la defensa de los territorios.
Los proyectos mineros y la explotación hidrocarburífera no respetan los
territorios, consumen mucha agua y energía; por tanto los impactos
socioambientales son alarmantes y desastrosos con grandes consecuencias para el
medio ambiente, flora y fauna.
Para
contrarrestar los conflictos, las empresas tienden a dividir a las comunidades,
a cooptar a los líderes, dirigentes y autoridades. Prometen gran cantidad de empleos
pero las mismas no son sostenibles; a
inicios sí, necesitan mano de obra; con el paso del tiempo solo necesitan
máquinas con sus operadores, por tanto se reduce la promesa de empleos. También
prometen proyectos sociales y productivos, pero en realidad este tipo de apoyo
está condicionada a los chantajes de las empresas, por lo que unos se
benefician y otros no. Estos tipos de apoyo solo son paliativos y no se enmarcan
dentro un plan estratégico de desarrollo de las comunidades. Por eso en muchas
zonas mineras donde hubo actividad minera, al final quedan pueblos desolados,
contaminados con los pasivos mineros y sin alternativas de desarrollo.
Desde esa
perspectiva los mega proyectos extractivos apuntan a acaparar los territorios y
los recursos naturales. Esta forma de saqueo de nuestros recursos naturales se
ha perpetuado desde la colonia y hoy continúa bajo la dirección de las grandes
corporaciones, en complicidad de los gobiernos y los organismos
internacionales.
Frente a esta
realidad, en muchos países de América Latina, los conflictos sociales ligados a
los recursos naturales va en aumento. Cada vez más las comunidades y los
pueblos están cuestionando este tipo de
desarrollo. Como respuesta a estos movimientos de resistencia las empresas, en
complicidad de los gobiernos, están instaurando sistemáticamente procesos de
criminalización y judicialización de la protesta social en defensa del agua,
medio ambiente y los recursos naturales. En varios países los conflictos
socioambientales han causado muertes, heridos y detenidos.
Ante esta
realidad, las organizaciones sociales, comunidades, académicos, instituciones y
pueblos indígenas de los países de la región proponen la articulación de los
pueblos y organizaciones como estrategia de resistencia frente a los proyectos
mega extractivos. La lucha de los pueblos es una lucha por la vida, por la
madre tierra, por el agua y por los recursos naturales.
El presente
artículo fue escrito a ocasión del seminario “Extractivismo: nuevos contextos de
dominación y resistencia”, que se ha desarrollado en la ciudad de Cochabamba
del 21 al 24 de octubre, con la participación de expertos académicos,
investigadores y líderes de los países de Argentina, Colombia, Perú, Brasil, El
Salvador y Bolivia. Este evento fue organizado por el Centro de Documentación e
Información Bolivia CEDIB.
Limbert Sánchez
CEPA - Oruro
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