EL MEDIO AMBIENTE Y EL PROCESO DE CAMBIO
Luego de casi una década del derrame de petróleo en el río Desaguadero, y que generó una suerte de despertar de una conciencia ambiental, en este artículo intentamos hacer un balance de los cambios significativos en la gestión ambiental del departamento de Oruro en estos últimos años y en particular en la gestión que concluye. Inicialmente destacamos la constitucionalización de los derechos ambientales. Otro hecho de mucha significación es la promulgación del Decreto Supremo Nº 0335 en el que se declara “Situación de Emergencia con Aplicación en los Municipios de Huanuni, Machacamarca, El Choro y Poopó del departamento de Oruro”. En la presente gestión se dado el inicio a la ejecución de la Auditoría Ambiental al proyecto “Kori Kollo” de Inti Raymi. Entre otros avances, se cuenta con la propuesta de reglamentación de la Ley Nº 3774 de Forestación y Reforestación del departamento de Oruro y la construcción de viveros en las unidades militares acantonadas en el departamento de Oruro. Hay que ponderar los estudios sobre remediación ambiental minera y salud ambiental auspiciados por el Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB), la Universidad Técnica de Oruro (UTO), el Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA), LIDEMA, Secretaria de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la prefectura de Oruro y otras instituciones.
Ciertamente en 1992 se había promulgado la Ley 1333 de Medio Ambiente, sin embargo, lamentablemente no hubo una aplicación plena de la normativa ambiental, apenas lo administrativo (llenado de fichas ambientales). El incidente ocurrido con el derrame de petróleo en el río Desaguadero (2000), donde se vertieron 29 mil barriles de petróleo reconstituido, accidente ocasionado por la empresa Transredes, desnudó las deficiencias de la Ley de Medio Ambiente, que en su estructura es muy favorable a las empresas que generan contaminación.
Tuvieron que pasar 17 años para que se pueda tomar en serio la problemática ambiental. Precisamente con la aprobación de la Nueva Constitución Política del Estado (enero de 2009) se constitucionaliza la gestión ambiental y el aprovechamiento de los recursos naturales. Lo que más resalta en ésta constitución es que cada individuo tiene derecho a un ambiente sano, que los delitos ambientales no prescriben en el tiempo, la creación de un tribunal agroambiental, el derecho a la consulta de los pueblos indígenas poseedores de los recursos naturales, entre otras. Lo que restaría, para completar la tarea, es operativizar las normas generales en leyes y reglamentos.
Es de conocimiento público que una de las zonas más contaminadas del departamento de Oruro es la cuenca San Juan de Sora Sora por donde fluyen varios ríos, siendo el más importante el río Huanuni. Precisamente en esta zona están ubicadas varias minas que en su proceso de extracción descargan aguas de mala calidad, contaminando cuerpos de agua, suelos, vegetación, e inclusive animales en toda la cuenca.
Preocupados por ésta situación, la CORIDUP que agrupa a más de 40 comunidades, en diversas oportunidades solicitó atención por la contaminación que estarían sufriendo. Con el Decreto Supremo Nº 0335 el gobierno nacional ha declarado a la Subcuenca Huanuni (que es parte de la Cuenca San Juan de Sora Sora) como Zona de Emergencia Ambiental. Dejando bien establecido que este reglamento no atenta contra la actividad minera, como algunos han querido interpretar, en esencia lo que busca el decreto es prevenir, mitigar y restaurar los efectos ambientales negativos ocasionados por las operaciones mineras, con acciones de diversas instancias que son llamadas por ley a contribuir a mejorar el medio ambiente de la zona. En ese marco, la Unión Europea, por ejemplo, ha decidido apoyar a la zona con 14 millones de euros. Seguramente otras organizaciones, públicas o privadas, trabajarán con esa premisa. Sería importante que las distintas operaciones asentadas en la zona, aporten con fondos de contraparte, o con jornadas laborales, para el cometido que busca el referido decreto.
Por otra parte, la auditoría ambiental al proyecto “Kori Kollo” de Inti Raymi llevaba ya mucho retraso en su implementación (casi seis años). Con la orden de proceder ejecutada por el Viceministerio de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambios Climáticos a la empresa auditora PCA Ingenieros Consultores, el pasado mes de noviembre, y a la vez seleccionada la empresa fiscalizadora CONAM, la auditoria tendría un plazo de un año y medio para concluir y entregar un dictamen sobre en qué medida hubo contaminación. Lo que falta es que se garantice la independencia y transparencia de la auditoria y que se asegure la participación de una instancia de control social de parte de los afectados denunciantes tal como establece la Constitución Política del Estado. Esta entidad tendría la función de fiscalizar y hacer seguimiento de las actividades de la auditoria.
En otro orden, en las pasadas gestiones se había aprobado la Ley Nº 3774 de Forestación y Reforestación del departamento de Oruro, faltando solo la reglamentación respectiva que permitiría establecer competencias y acciones por las diversas instituciones la sociedad civil. En esta gestión, se ha trabajado en dos seminarios la reglamentación referida. A este espacio concurrieron distintas instituciones con el apoyo decidido de la Coordinadora de Forestación y Reforestación Departamental, LIDEMA, CEPA, la Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias, la Dirección General de Forestación y la Secretaria de Recursos Naturales y Medio Ambiente.
Lo destacable de la referida norma es que se propone la creación de la Secretaria Departamental de Forestación (SEDEFOR), institución descentralizada y manejada por un Directorio. También se establece que cada estudiante (escolar y universitario), en el momento de graduación, presenten como requisito de egreso tres plantines. La Prefectura, Alcaldía y Universidad tendrían la obligación de asignar recursos económicos para la forestación. De la misma manera, las actividades, obras o proyectos, dentro de la obtención de una licencia ambiental como requisito estarían obligados a forestar y reforestar con especies introducidas o de preferencia nativas. La sociedad civil tendría un incentivo por haber plantado plantines mediante un descuento por el pago impuestos para inmuebles. El Reglamento se encuentra en proceso de revisión técnica y su posterior aprobación en la instancia competente.
La Secretaria de Recursos Naturales y Medio Ambiente está financiando la construcción de varios viveros en las unidades militares establecidas en el departamento de Oruro, con el objetivo de que los militares desarrollen campañas de forestación masiva y los soldados estén en lucha contra la desertificación de suelos. Esta iniciativa puede contribuir a mitigar el clima en nuestro medio.
Los trabajos de investigación auspiciados por el Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB), y otros sobre la contaminación minera, pueden ayudar a avanzar en la solución de los problemas ambientales, en los renglones de prevención, mitigación y restauración. Entre los resultados más importantes obtenidos por los equipos de investigación, se pueden mencionar que se han identificado las consecuencias de la presencia de metales pesados en los niños que viven en la zona de San José. También se ha podido establecer que de los sedimentos del río Huanuni se pueden recuperar elementos mineralógicos. Los estudios realizados también abordan tecnologías innovadoras como es el caso del uso de estiércol de llama y residuos de cocina para el tratamiento de aguas del Ingenio Machacamarca. Esas aguas se han utilizado para regar cebada en cultivos hidropónicos y puede ser consumida. El estudio destaca que las tripas de ovino pueden ser utilizadas como filtros para aguas contaminadas, reteniendo en sus membranas la salinidad y los metales pesados.
Sería importante que estos trabajos continúen en su investigación y ojalá el PIEB, y otras instituciones, puedan apoyar en esto. Aún cuando los financiamientos de los mencionados estudios no fueron elevados, los hallazgos contribuyen en gran medida la resolución de los problemas ambientales.
En suma, en la gestión 2009 pasada se han iniciado cambios significativos en la gestión del medio ambiente. Esperamos que el próximo año se siga avanzando en todos los ámbitos y al mismo tiempo cada uno de nosotros adquiera una conciencia ambiental formada que permita vivir en todas partes en mundo mejor.
Norma Mollo
LIDEMA - CEPA
Ciertamente en 1992 se había promulgado la Ley 1333 de Medio Ambiente, sin embargo, lamentablemente no hubo una aplicación plena de la normativa ambiental, apenas lo administrativo (llenado de fichas ambientales). El incidente ocurrido con el derrame de petróleo en el río Desaguadero (2000), donde se vertieron 29 mil barriles de petróleo reconstituido, accidente ocasionado por la empresa Transredes, desnudó las deficiencias de la Ley de Medio Ambiente, que en su estructura es muy favorable a las empresas que generan contaminación.
Tuvieron que pasar 17 años para que se pueda tomar en serio la problemática ambiental. Precisamente con la aprobación de la Nueva Constitución Política del Estado (enero de 2009) se constitucionaliza la gestión ambiental y el aprovechamiento de los recursos naturales. Lo que más resalta en ésta constitución es que cada individuo tiene derecho a un ambiente sano, que los delitos ambientales no prescriben en el tiempo, la creación de un tribunal agroambiental, el derecho a la consulta de los pueblos indígenas poseedores de los recursos naturales, entre otras. Lo que restaría, para completar la tarea, es operativizar las normas generales en leyes y reglamentos.
Es de conocimiento público que una de las zonas más contaminadas del departamento de Oruro es la cuenca San Juan de Sora Sora por donde fluyen varios ríos, siendo el más importante el río Huanuni. Precisamente en esta zona están ubicadas varias minas que en su proceso de extracción descargan aguas de mala calidad, contaminando cuerpos de agua, suelos, vegetación, e inclusive animales en toda la cuenca.
Preocupados por ésta situación, la CORIDUP que agrupa a más de 40 comunidades, en diversas oportunidades solicitó atención por la contaminación que estarían sufriendo. Con el Decreto Supremo Nº 0335 el gobierno nacional ha declarado a la Subcuenca Huanuni (que es parte de la Cuenca San Juan de Sora Sora) como Zona de Emergencia Ambiental. Dejando bien establecido que este reglamento no atenta contra la actividad minera, como algunos han querido interpretar, en esencia lo que busca el decreto es prevenir, mitigar y restaurar los efectos ambientales negativos ocasionados por las operaciones mineras, con acciones de diversas instancias que son llamadas por ley a contribuir a mejorar el medio ambiente de la zona. En ese marco, la Unión Europea, por ejemplo, ha decidido apoyar a la zona con 14 millones de euros. Seguramente otras organizaciones, públicas o privadas, trabajarán con esa premisa. Sería importante que las distintas operaciones asentadas en la zona, aporten con fondos de contraparte, o con jornadas laborales, para el cometido que busca el referido decreto.
Por otra parte, la auditoría ambiental al proyecto “Kori Kollo” de Inti Raymi llevaba ya mucho retraso en su implementación (casi seis años). Con la orden de proceder ejecutada por el Viceministerio de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambios Climáticos a la empresa auditora PCA Ingenieros Consultores, el pasado mes de noviembre, y a la vez seleccionada la empresa fiscalizadora CONAM, la auditoria tendría un plazo de un año y medio para concluir y entregar un dictamen sobre en qué medida hubo contaminación. Lo que falta es que se garantice la independencia y transparencia de la auditoria y que se asegure la participación de una instancia de control social de parte de los afectados denunciantes tal como establece la Constitución Política del Estado. Esta entidad tendría la función de fiscalizar y hacer seguimiento de las actividades de la auditoria.
En otro orden, en las pasadas gestiones se había aprobado la Ley Nº 3774 de Forestación y Reforestación del departamento de Oruro, faltando solo la reglamentación respectiva que permitiría establecer competencias y acciones por las diversas instituciones la sociedad civil. En esta gestión, se ha trabajado en dos seminarios la reglamentación referida. A este espacio concurrieron distintas instituciones con el apoyo decidido de la Coordinadora de Forestación y Reforestación Departamental, LIDEMA, CEPA, la Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias, la Dirección General de Forestación y la Secretaria de Recursos Naturales y Medio Ambiente.
Lo destacable de la referida norma es que se propone la creación de la Secretaria Departamental de Forestación (SEDEFOR), institución descentralizada y manejada por un Directorio. También se establece que cada estudiante (escolar y universitario), en el momento de graduación, presenten como requisito de egreso tres plantines. La Prefectura, Alcaldía y Universidad tendrían la obligación de asignar recursos económicos para la forestación. De la misma manera, las actividades, obras o proyectos, dentro de la obtención de una licencia ambiental como requisito estarían obligados a forestar y reforestar con especies introducidas o de preferencia nativas. La sociedad civil tendría un incentivo por haber plantado plantines mediante un descuento por el pago impuestos para inmuebles. El Reglamento se encuentra en proceso de revisión técnica y su posterior aprobación en la instancia competente.
La Secretaria de Recursos Naturales y Medio Ambiente está financiando la construcción de varios viveros en las unidades militares establecidas en el departamento de Oruro, con el objetivo de que los militares desarrollen campañas de forestación masiva y los soldados estén en lucha contra la desertificación de suelos. Esta iniciativa puede contribuir a mitigar el clima en nuestro medio.
Los trabajos de investigación auspiciados por el Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB), y otros sobre la contaminación minera, pueden ayudar a avanzar en la solución de los problemas ambientales, en los renglones de prevención, mitigación y restauración. Entre los resultados más importantes obtenidos por los equipos de investigación, se pueden mencionar que se han identificado las consecuencias de la presencia de metales pesados en los niños que viven en la zona de San José. También se ha podido establecer que de los sedimentos del río Huanuni se pueden recuperar elementos mineralógicos. Los estudios realizados también abordan tecnologías innovadoras como es el caso del uso de estiércol de llama y residuos de cocina para el tratamiento de aguas del Ingenio Machacamarca. Esas aguas se han utilizado para regar cebada en cultivos hidropónicos y puede ser consumida. El estudio destaca que las tripas de ovino pueden ser utilizadas como filtros para aguas contaminadas, reteniendo en sus membranas la salinidad y los metales pesados.
Sería importante que estos trabajos continúen en su investigación y ojalá el PIEB, y otras instituciones, puedan apoyar en esto. Aún cuando los financiamientos de los mencionados estudios no fueron elevados, los hallazgos contribuyen en gran medida la resolución de los problemas ambientales.
En suma, en la gestión 2009 pasada se han iniciado cambios significativos en la gestión del medio ambiente. Esperamos que el próximo año se siga avanzando en todos los ámbitos y al mismo tiempo cada uno de nosotros adquiera una conciencia ambiental formada que permita vivir en todas partes en mundo mejor.
Norma Mollo
LIDEMA - CEPA
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