¿Quién Asume la Deuda Socio Ambiental de Transredes?

Norma Mollo Mollo
LIDEMA-CEPA

Transredes tiene aún deudas pendientes por el derrame de petróleo en el río Desaguadero:

¿QUIÉN ASUME AHORA LA DEUDA SOCIO AMBIENTAL?

Habrá que recordar que el 30 de enero del año 2000, la empresa transportadora de hidrocarburos TRANSREDES causó uno de los sucesos más nefastos para el medio ambiente. En efecto, en el sector de Sica Sica se produjo la ruptura del ducto que transportaba petróleo de Bolivia a Chile. Se derramaron, aproximadamente, 29.000 barriles de petróleo reconstituido sobre el río Desaguadero, afectando la flora, fauna, suelos y agua de más de un millón de hectáreas y a 127 comunidades de los departamentos de Oruro y La Paz. Producto de este derrame se ejecuta una Auditoria Ambiental a la empresa Transredes por haber ocasionado el derrame de petróleo en el río Desaguadero.

Se ha conocido, por otra parte, que el gobierno nacional recuperó la totalidad de las acciones de TRANSREDES mediante el Decreto Supremo 29856, de modo que la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) pasaría a controlar aproximadamente un 98 por ciento de la empresa.

Un elemento que nos preocupó en esa oportunidad, y lo hemos estado manifestando “machaconamente”, fue la situación de la deuda pendiente de la empresa TRANSREDES con las comunidades afectadas. Si nuevamente mostramos nuestra preocupación no se debe a situaciones políticas sino a que no puede quedar en el olvido esta deuda ambiental con el departamento de Oruro.

De esta manera podemos resumir las deudas pendientes que tiene aun TRANSREDES con las comunidades del departamento de Oruro:

- La autoridad ambiental de ese entonces, el Viceministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente, había aplicado una multa equivalente a la suma de 1,9 millones de dólares por haber infringido la Ley de Medio Ambiente.

- A esa sanción se sumó otra multa de alrededor de 100 mil dólares por no haber tramitado su licencia ambiental para el depósito de los suelos impregnados con petróleo en la localidad de Sica Sica.

- ENSR, empresa que realizó la Auditoria Ambiental, había efectuado una serie de recomendaciones entre las que resalta la sugerencia de realizar un monitoreo a la salud humana, a efectivizarse en las personas que estuvieron expuestas al impacto del derrame; y la implementación de programas de atención a la salud de los animales. En total sumaban 33 recomendaciones de las que ninguna fue cumplida. Por ejemplo, el monitoreo ambiental (aguas, suelos y bentos) que deberían efectuarse a lo largo del río Desaguadero, situación que debería efectuarse periódicamente en coordinación con la autoridad ambiental y los comunarios.

- La empresa, ocasionadora de la contaminación, nunca llegó a compensar por las enfermedades causadas a los animales, peor aún por la pérdida de la calidad de agua y suelo particularmente. Además la auditoría consideró solamente los impactos a corto plazo; no fueron cuantificadas las consecuencias de la contaminación a largo plazo.

- Referente a lo social, es importante señalar que el derrame ocasionó la desarticulación de la estructura organizativa comunitaria. Lo más preocupante es que surgieron conflictos entre comunidades, entre familias de una misma comunidad e inclusive conflictos en la unidad familiar (entre hermanos, padres e hijos). Estas situaciones, en algunos casos, se han acentuado y perjudican enormemente el desarrollo de una comunidad.

- La Auditoria Ambiental estableció que la empresa debería efectuar un monitoreo de la salud a toda la población que estuvo expuesta al derrame. Esta actividad nunca se efectivizó. Es más, se ha sugerido que las personas expuestas, deberían tener un seguro de salud de por lo menos 20 años, pagado por la empresa Transredes, tampoco fue ejecutado.

- Finalmente, se encuentran los comunarios que no fueron tomados en cuenta en la Auditoria Ambiental, específicamente los de Kochi Piacala (Municipio de El Choro) quienes en varias oportunidades realizaron marchas y otras medidas de presión para ser atendidos; y la comunidad de Iroco que pese a estar asentada en la misma cuenca tampoco fue tomada en cuenta.

Las comunidades afectadas manifestaron que estas deudas no se han cumplido hasta la fecha.

Después de la declaración asumida por el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que manifiesta que toda esta deuda está saneada, nos preguntamos: ¿Quién asume ésta deuda socio ambiental de TRANSREDES con las comunidades? ¿Será el Estado Boliviano? o ¿pasará al olvido?

Suponemos que la mencionada empresa debería haber saneado sus deudas con los diferentes acreedores antes de ser transferida del todo, y si no fue así significaría que YPFB o el gobierno cargará con todos estos compromisos.

Con la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, la temática ambiental adquiere un rango constitucional. En efecto, precisamente el artículo 347, párrafo I indica: “…se declara la responsabilidad por los daños ambientales históricos y la imprescriptibilidad de los delitos ambientales”. Esté artículo es perfectamente aplicable al caso del derrame de petróleo ocasionado por la empresa TRANSREDES.

Existen aún muchas denuncias de parte de los comunarios en sentido que a la fecha no ha desaparecido el petróleo de sus tierras y que en algunas oportunidades aflora en la superficie. Persisten, además, enfermedades de animales, nacimientos de animales con deformidades, desestructuración de la organización social, como algunos de los problemas no resueltos.