Cada veinte años el consumo mundial de minerales se
duplica. También nuestro consumo de energía sigue aumentando. Producimos una
cantidad infinita de productos que llegan hasta nuestras tiendas y casas. La
madera se encuentra en nuestros muebles, el hierro en nuestros coches, el gas
natural para nuestra calefacción, el oro en nuestras joyas, el petróleo para
nuestra gasolina, etc. Podemos continuar enumerando así mucho más. Aunque nos
damos cuenta, en nuestra vida diaria utilizamos decenas de materias primas.
(Doc. Campaña BD 2012).
Frente a este consumo ilimitado de los recursos
naturales, principalmente por países desarrollados, actualmente existe una gran
demanda de materias primas y metales preciosos en el mundo. Por tanto aumenta la presión y el interés de
las grandes empresas transnacionales para expandir las actividades extractivas,
sobre todo en América Latina. De esta
forma, se pretende que continuemos siendo proveedores de materias primas.
Por historia conocemos que los países industrializados
siempre han sido dependientes de las materias primas de los países llamados
“subdesarrollados”. Esta situación en la actualidad continúa. Por esa razón,
muchos de estos países al igual que Bolivia, han sufrido fuertes impactos ambientales, sociales y económicos, generados por los proyectos extractivos. El
modelo económico al que responde la extracción de los recursos minerales y
energéticos en los países latinoamericanos no sólo genera movimiento económico,
sino vulnera los derechos de los pueblos. Muchas de las comunidades y/o
poblaciones son despojadas de sus territorios por los proyectos extractivos, en
muchos casos son condenados a vivir bajo la contaminación ambiental y la
pobreza, limitando de esa forma su
propio desarrollo.
En los departamentos de Oruro y Potosí existen varias
poblaciones y comunidades que viven esa realidad. La subcuenca de Huanuni en el
departamento de Oruro, es una de las zonas con mayor contaminación minera, por eso el año 2009 fue declarada Zona de
Emergencia Ambiental de carácter departamental, con aplicación en los
municipios de Huanuni, Machacamarca, El Choro y Poopó, mediante Decreto Supremo
N° 0335, debido a la inminente afección a la salud humana y la seguridad
alimentaria ocasionada por la prolongada presencia de contaminación y
salinización de los suelos. Alrededor de más de 40 comunidades que sufren día a
día los impactos ambientales, sociales y económicos de la actividad extractiva.
Muchas de las comunidades afectadas a lo largo de estos
años han estado permanentemente denunciando, realizando inspecciones a los
proyectos mineros y realizando gestiones ante las autoridades competentes, para
ser escuchados y parar la contaminación ambiental, principalmente por las
actividades mineras. Por estas acciones en defensa del medio ambiente y de los
recursos naturales, muchos de los líderes y comunarios de estas zonas
contaminadas, han sido y siguen siendo amedrentados, amenazados y restringidos
a ejercer libremente sus derechos frente a las empresas mineras, incluso a las
mismas autoridades. Estos líderes que defienden el medio ambiente y los
recursos naturales son, en muchos casos,
acusados de obstaculizar el desarrollo del país. Si bien el gobierno, en
su esfuerzo de generar crecimiento económico, opta por la explotación de los
recursos naturales, debe respetar los derechos de los pueblos, la normativa
ambiental, la Constitución Política del Estado y los tratados
internacionales.
Actualmente nuestro país sigue dependiendo de las
industrias extractivas (minería e hidrocarburos). La dependencia económica por
la exportación de materias primas puede, a corto o mediano plazo, poner en
riesgo la estabilidad económica del país. Si bien la renta captada por las
actividades extractivas en los últimos años se ha incrementado, esto se debe a
la subida de los precios a nivel mundial. Desde esa perspectiva, nuestra
economía tiene una dependencia fuerte al comportamiento de los precios en los
mercados internacionales, lo que le hace más vulnerable.
Ante esta realidad, es fundamental que el gobierno
incorpore políticas públicas para diversificar la economía del país, no podemos
depender de las actividades extractivas (minería e hidrocarburos), es decir, de
la exportación de materias primas. Peor aun cuando estas actividades traen
graves problemas al medio ambiente, además que vulneran los derechos colectivos
de los pueblos. Es una necesidad generar un amplio debate sobre nuevas
alternativas al modelo de desarrollo, para restablecer la armonía con la
Pachamama y retomar los postulados del “vivir bien”.
Por tanto es muy importante fortalecer las capacidades de
los actores sociales, urbanos y rurales, para enfrentar a las transnacionales
que quieren nuevamente apropiarse de nuestros recursos naturales, como
históricamente lo han hecho. Es hora de decir alto a las transnacionales, no
más saqueos, no más pobreza, podemos nosotros diseñar nuestro propio modelo de
desarrollo. Es un debate y construcción que nos concierne a todos.
Limbert Sánchez Choque
CEPA
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