II Congreso ordinario de CONAMPROMA. Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Contaminación Minera y Protección del Medio Ambiente de Bolivia

El estado de la calidad y cantidad del recurso hídrico agua; el trabajo minero sin responsabilidad social y ambiental de las operadoras mineras; la realidad de las comunidades indígena campesinas originarias afectadas por la contaminación; el deterioro sistemático de los lagos, lagunas, ríos, fuentes de agua subterránea; los cambios socio-culturales en las comunidades afectadas; el contenido de la actual Ley de Minería y Metalurgia, han sido temas de análisis y deliberación en el II Congreso de la  Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Contaminación Minera y Protección del Medio Ambiente de Bolivia (CONAMPROMA), organización social que agrupa a comunidades afectadas por la contaminación minera de las regiones de La Paz, Oruro, Potosí y Chuquisaca.

Los temas en debate fueron abordados y deliberados colectivamente, en torno a la realidad de las diferentes comunidades que desde hace muchos años atrás son receptoras de los efectos de la contaminación, producto de los trabajos de procesamiento de minerales de las operadoras mineras, lo que han ocasionado el deterioro del agua para consumo y para riego, la degeneración de las tierras de cultivo, y el decaimiento de la producción agrícola y pecuaria en las comunidades afectadas. Luego de analizar y debatir colectivamente estas realidades, emergieron consensos que se resumen en las siguientes posiciones:

• Las comunidades afectadas por la contaminación minera tienen la capacidad para llevar adelante los procesos de monitoreo de calidad del agua a través del monitoreo comunitario del agua, con el cual se pretende democratizar la ciencia y dotar de capacidades técnicas a las comunarias y comunarios para que lleven adelante el control de sus aguas y de su territorio.
• Las operaciones mineras han ocasionado impactos sociales en las comunidades, como la escasez de agua tanto para el consumo como para la producción, la muerte de animales, la reducción de las tierras de cultivo y la aparición de enfermedades respiratorias y cutáneas. El costo de las consecuencias es desigual, tomando en cuenta que históricamente las relaciones sociales siempre están dadas a través de desigualdades, económicas y políticas. 
• La contaminación por desechos domésticos y el incremento de sedimento con metales pesados en los lagos y ríos provoca un deterioro orgánico en las aves y peces, deteriorando su biodiversidad.
• Las aguas de los ríos y las tierras de cultivo de las comunidades afectadas se encuentran deterioradas por la presencia de elementos tóxicos generados por la actividad minera tanto de empresas estatales como privadas.
• El Gobierno nacional pretende explotar los recursos naturales, como los minerales y los hidrocarburos, sin tomar en cuenta los conflictos ambientales y sociales que se provocan en los pueblos indígena originario campesinos.
• La Ley Minera es totalmente contraria a los principios del Vivir Bien, porque prioriza el modelo neoliberal y de maximización del capital, sin considerar la vida de las comunidades indígena originario campesinas, porque lo primordial para la Ley Minera son los intereses de las cooperativas mineras y empresas privadas.
• El gobierno quiere justificar el apoyo a las cooperativas mineras y a las empresas mineras privadas y públicas, con el discurso de que la minería está considerada como un medio estratégico para el desarrollo del país.
• Siendo el agua un derecho fundamentalísimo, CONAMPROMA exige la aprobación del Anteproyecto de la Ley Marco de Aguas para la Vida, discutida a nivel nacional por las organizaciones sociales.
• Exigir a las autoridades legislativas y ejecutivas la elaboración de una ley que prohíba el uso de elementos químicos letales como el cianuro y otros.
• Las estructuras políticas, culturales, sociales y organizativas de las comunidades indígena originaria campesinas están siendo deterioradas por las acciones de las operadoras mineras, al explotar irracionalmente los recursos naturales mineralógicos en desmedro de la relación hombre-naturaleza.
• El actual gobierno ha profundizado la actividad extractivista de los RRNN afectando a los pueblos indígena originario campesinos, sin tomar en cuenta sus valores propios culturales, espirituales y sociales.
• La masiva migración poblacional de las comunidades afectadas es por la falta de apoyo estatal en la ejecución de políticas públicas para la población víctima de la contaminación minera que ha perdido sus tierras de cultivo y la biodiversidad en las comunidades.

Al mismo tiempo se emitió un Voto Resolutivo con las siguientes resoluciones:

PRIMERO. Condenar la aprobación de la Ley Minera porque ha sido elaborada sin la participación del pueblo boliviano, viola derechos constitucionales al permitir que los recursos naturales sean explotados en forma irracional por un solo sector, siendo que los recursos naturales son de propiedad del pueblo boliviano.

SEGUNDO. Exigir la aprobación del Anteproyecto de la Ley Marco de Agua para la Vida, siendo que ha sido discutida y consensuada por las organizaciones sociales a nivel nacional.

TERCERO. Exigir a las autoridades departamentales y nacionales ambientales la ejecución de Auditorías Ambientales a las operadoras mineras a fin de determinar el grado de contaminación que se da en las comunidades.

CUARTO. Exigir a las autoridades legislativas y ejecutivas la elaboración de una ley que prohíba el uso de elementos químicos letales como el cianuro y otros utilizados por la actividad minera en el procesamiento de minerales.

QUINTO. Exigir a las autoridades departamentales y nacionales la ejecución de planes y programas en las comunidades afectadas por la contaminación minera a fin de determinar el estado de la salud en la población.

El evento concluyó con la elección y posesión del nuevo directorio, conformado por:

PRESIDENTE: Mario Quisberth.  La Paz
VICE-PRESIDENTA: Adela Chaparro.  Oruro
SECRETARIO DE ACTAS: Alejandro Choque. Potosí
SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN: Víctor Campero. La Paz
SECRETARIA DE HACIENDA: María Rafael. Oruro
VOCAL: Sofía Arancibia.  Potosí

Las organizaciones sociales conformadas por la defensa de la vida y por un ambiente sano, como CONAMPROMA, no se posicionan en contra de la actividad minera, pero sí, reclaman por un trabajo minero con responsabilidad ambiental y social para alcanzar una aceptable calidad de vida de la población que se dedica a la actividad agropecuaria como minera.

Ruth Vilches Torrejón
Unidad de Justicia Socio Ambiental – CEPA