Mostrando entradas con la etiqueta Ley 1333 de Medio Ambiente. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Ley 1333 de Medio Ambiente. Mostrar todas las entradas

martes, 28 de octubre de 2014

Observaciones y demandas de las comunidades afectadas por la minería

Encuentro Taller Caquingora, octubre 2014

En fecha 23 y 24 de octubre del año en curso, líderes y representantes de comunidades afectadas por la minería de Oruro, La Paz y Potosí se reunieron en un Encuentro Taller en la localidad de Corocoro provincia Pacajes de La Paz. Después de una visita a varios lugares del Centro Minero de Corocoro y el taller realizado en la Marka Caquingora, y en base a un análisis y debate colectivo sobre la problemática minera – ambiental, se lograron las siguientes conclusiones:

Contaminación. En las visitas realizadas hemos evidenciado la contaminación del agua, suelo y aire generada por los operadores mineros. Se ha visto cómo la vida de las comunidades, su educación, el medio ambiente, el empleo, el trabajo,  han sido afectados a tal punto que estás necesidades básicas no se garantizan sino que por el contrario se acaban y dejan de ser reconocidos como derechos. De igual manera, su cultura, su cosmovisión y su desarrollo están reducidos. Hoy en muchos de estos lugares solo quedan pasivos ambientales y aguas acidas, que amenazan la seguridad y soberanía alimentaria y la salud de los y las comunarias de la zona.

Agua. Sin agua nos hay vida; sin agua no hay desarrollo para las comunidades. El agua vale más que el oro. No se puede permitir el uso irracional del agua por parte de las empresas mineras. El agua cada vez más está siendo amenazada y está siendo escasa, por eso se debe proteger y hacer un uso adecuado y un control permanente. Las empresas  que contaminan el agua deben ser sancionadas con pena de privación de libertad y reparación de daños civiles.

Pobreza. Año que pasa, las comunidades afectadas por la minería están sumergido en una pobreza alarmante. La contaminación generada en dichas comunidades no permite un desarrollo integral, la agricultura y ganadería están  amenazadas  por los niveles altos de contaminación por metales pesados.

Desempleo. Cada vez más los miembros de las comunidades afectadas engrosan las filas de desempleo. La actividad minera no es generador de fuente de trabajo sostenible. Los comunarios tienen que salir de sus comunidades para buscar trabajo, y en todo este proceso hay muchas familias que han sufrido impactos negativos sociales, culturales y económicos.

Marginalidad. Las comunidades cada vez más se sienten discriminadas, por las autoridades locales, departamentales y nacionales. Cuando plantean proyectos de desarrollo para las comunidades, estas no se viabilizan porque sus aguas y suelos están contaminados y son las mismas autoridades  que rechazan estos proyectos. Ni desde el gobierno, ni desde las empresas mineras se plantea proyectos de remediación y mitigación, por tanto las comunidades viven en una marginalidad completa. 

Migración. Cada vez más los comunarios y comunarias engrosan las filas de la migración. En las comunidades están quedándose personas de la tercera edad. Los  jóvenes ya no tienen la posibilidad de quedarse, ya no es posible un futuro sostenible para los niños y jóvenes, por la gran contaminación ambiental. Por eso, muchos hermanos y hermanas están fuera de nuestro país trabajando en condiciones de precariedad y falta de seguridad laboral.

Bajo nivel de industrialización. Oruro, La Paz y Potosí, son regiones con bajos niveles de industrialización. Nuestros minerales en bruto salen afuera y casi nada se industrializa. Por eso el nivel de pobreza es cada vez más es crítico. En otrora estos departamentos eran el motor de desarrollo del país e inclusive de muchos otros países.

Ley de Medio Ambiente. La actual Ley de Medio Ambiente N° 1333 ni tiene una visión integral para remediar y mitigar la contaminación ambiental, sus acciones de aplicación se reducen a establecer los límites permisibles de contaminación, sin tomar en cuenta las consecuencias sociales de las comunidades afectadas.

Remediación. Las empresas mineras consideran que las acciones de remediación y mitigación constituyen gastos adicionales, cuando estos trabajos deberían ser una obligación. Estos gastos deben ser considerados como una inversión pensando en el vivir bien de las futuras generaciones.

Ley de Minería y Metalurgia. Esta ley vulnera los derechos fundamentales y colectivos de las Naciones Pueblos Indígenas Originarios; vulnera la Constitución Política del Estado; contradice  la Ley de la Madre Tierra y a la Ley del Medio Ambiente, no respeta las normas internacionales como es el Convenio 169 de la O. I. T. y la Declaración de las Naciones Unidas, por consiguiente los derechos de las Naciones Pueblos Indígenas Originarios, como el autogobierno y autodeterminación no se respetan.

DEMANDAS:

Las organizaciones sociales de las Naciones Pueblos Indígenas, debemos pronunciarnos contra la Ley de Minería y Metalurgia, exigiendo la modificación de la  misma, por ser contradictorio a la Constitución Política del Estado y a las Leyes de la Madre Tierra y Medio Ambiente.

De igual manera las comunidades, Ayllus y Markas de todos los Suyus, debemos analizar y plantear la abrogación de la Ley de Avasallamiento por ser una norma atentatoria contra los intereses de los Pueblos Indígenas Originarios y Campesinos, la misma que nos despoja del derecho a la autodeterminación y autogobierno establecidos en la Constitución Política del Estado,  Convenio 169 de la O. I. T. y Declaración de las Naciones Unidas.

Frente a los problemas agroambientales, pedimos a la Asamblea Legislativa del Estado Plurinacional, impulsar la inmediata prosecución con el tratamiento de la Ley de Procedimiento Agroambiental, que determine competencias y tipifique delitos agroambientales a efecto de que no queden impunes los delitos ambientales.

De manera inmediata la Asamblea Legislativa debe aprobar el Proyecto de  Ley Marco de Aguas que regule el uso y administración equitativa  del recurso hídrico, usos y costumbres de las comunidades, respetando el autogobierno y autodeterminación de la Naciones, Pueblos Indígenas Originarios, en el marco de la Constitución Política del Estado.

En caso de no priorizarse estas demandas, las Naciones Pueblos Indígenas Originarios, nos vemos  obligados a iniciar un proceso internacional, hasta lograr que los derechos de las Naciones Pueblos Indígenas Originarios se respeten sin discriminación alguna.
 Marka Caquingora, 24 octubre de 2014  
Firman:
  • Representantes de la Coordinadora Nacional de Afectados por la Minería y la Protección de Medio Ambiente (CONAMPROMA)
  • Representantes de la Coordinadora de Defensa del Medio Ambiente Potosí (CODEMAP)
  • Representantes de la Coordinadora en Defensa del Río Desaguadero, Lagos Uru-Uru y Poopó (CORIDUP)
  • Representantes de la Central Regional de Corocoro
  • Representantes de la Comunidad de Caquingora
  • Representantes de la Comunidad de Quelquiri
  • Representantes de comunidades afectadas de Pazña Oruro
  • Representantes del Ayllu Pacajes La Paz
  • Representantes de la Asociación de Quinua Caquingora
  • Representantes de la comunidad Alantañita Karavi Oruro
  • Representante de la comunidad Sora Chico, Kochi Piacala, Kochi Iswaya Pampa Oruro
  • Representante de comunidades afectadas de Coro-Coro La paz.
  • Representante del Ayllu Calari Provincia Pacajes La Paz.

martes, 26 de julio de 2011

Hacia la construcción de Leyes ambientales para Oruro

El 21 de julio del año en curso, los representantes de la Asamblea Legislativa Departamental de Oruro (ALDO), el Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA) y la Federación Departamental de Juntas Vecinales de Oruro (FEDJUVE), analizaron la problemática medio ambiental del departamento de Oruro y la coyuntura actual para buscar y proponer soluciones ambientales a nuestro departamento.

Siempre en la búsqueda del equilibrio entre la naturaleza y el hombre, el CEPA propuso a nuestras autoridades, temas que considera prioritarios para la formulación de leyes de medio ambiente.

Primero: Defender la calidad del agua y su distribución equitativa en primer lugar como agua potable para la población, y además como recurso limitado e importante para la sobrevivencia de la flora y la fauna y toda la biodiversidad en nuestra región.

Segundo: Controlar y hacer cumplir la presentación de licencias ambientales en el marco de la Ley 1333 y el Art. 342 de la CPE. Toda actividad industrial, a objeto de evitar contaminación que afecte a la salud humana y el ecosistema, debe necesariamente contar con una licencia ambiental.

Tercero: Declarar zonas de emergencia ambiental a los pasivos mineros históricos y recientes que circundan la ciudad de Oruro y los pasivos ambientales en otros municipios mineros. Si se quiere evitar riesgos y desastres ecológicos, se tendrá que imponer mayores exigencias al cuidado de los pasivos mineros, por los cambios climáticos que pueden provocar situaciones extremas de lluvias y/o sequias.

Cuarto: Implementar normas y/o actualizar la normativa existente sobre los residuos sólidos y aguas servidas de la ciudad de Oruro dado que se constituyen en un foco de infección directa a nuestra población y las tierras, lagos y ríos.

Otra propuesta estratégica estuvo referida a la conformación de un Instituto o Secretaría independiente del Medio Ambiente. Esta instancia no solo controlaría el cumplimiento de la normativa ambiental en nuestro departamento, sino que generaría también políticas medio ambientales para la región.

Tomando en cuenta estos y otros problemas ambientales y las propuestas para el departamento de Oruro, se acordó empezar con la conformación de una Mesa Técnica Interinstitucional con la participación de instituciones implicadas en los temas e interesadas en el cuidado del medio ambiente (Gobierno Autónomo de Oruro, UTO, FEDJUVE, AMDEOR, Brigada Parlamentaria, Comité Cívico, Defensor del Pueblo, SeLA, CEPA, CORIDUP y otros). Esta Mesa Técnica tendrá el objetivo de construir proyectos de leyes medio ambientales con carácter departamental y de aportar sobre el mismo tema con propuestas para la elaboración de los Estatutos Autónomos Departamentales. La Mesa Técnica entrará a partir del 27 de julio del presente año, manifestó Salomón Aguilar Marca, presidente de ALDO.

Al terminar la reunión las instituciones participantes expresaron su esperanza que esta iniciativa encaminada por la Asamblea Legislativa Departamental en coordinación con el Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA), constituya una forma de dar respuesta a la precaria situación ambiental del departamento de Oruro.

Unidad de Justicia Socio Ambiental – CEPA

miércoles, 14 de octubre de 2009

Ajustes a la Nueva Ley 1333 de Medio Ambiente

Durante la jornada del pasado miércoles 30 de septiembre, en los ambientes del Hotel Edén, el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambios Climáticos y la Liga de Defensa del Medio Ambiente LIDEMA - CEPA, organizaron el Seminario Taller “Ajustes a la Ley 1333 de Medio Ambiente“, en el que se analizó y evaluó la actual ley de medio ambiente con la participación de diferentes instituciones y profesionales. Más de 160 participantes acudieron y aportaron a la discusión habiendo arribado a las siguientes conclusiones:

La actual Ley 1333 tiene principios que están ligados al neoliberalismo, por lo que es necesario cambiar sus principios filosóficos conforme a la Nueva Constitución Política del Estado con respecto al derecho fundamental a un ambiente sano.
  • Se observa como una necesidad imperiosa la descentralización de la gestión ambiental y su correspondiente institucionalización para mejorar la eficiencia en la administración.
  • También se dijo que se debería prohibir el uso de los agroquímicos en el cultivo de plantas.
  • Investigación, de acuerdo a las necesidades del Estado de manera transversal.
  • Los instrumentos de regulación como las fichas ambientales, las evaluaciones de impacto ambiental y los manifiestos ambientales, son obsoletos. Existe la necesidad de modificarlos, cambiarlos y adecuarlos a la nueva realidad.
  • Se debería incorporar las consultas a las comunidades que poseen los recursos naturales y exigir un 85 % de aceptación para explotar el recurso natural.
  • Generar una ley más preventiva que punitiva, puesto que existe la tendencia de endurecer las sanciones.
  • Incorporar en la Ley de Medio Ambiente el régimen forestal, agropecuario, áreas protegidas y los cambios climáticos.
Las conclusiones citadas son solo algunas de las principales recomendaciones. En total hubo una treintena de observaciones. En algunos casos, se exige la anulación de ciertos artículos; modificar o incorporar, en otros tantos, con el objetivo de mejorar la gestión ambiental.

Este tipo de eventos se están realizando en los nueve departamentos y las conclusiones y aportes serán, finalmente, considerados en un seminario nacional a desarrollarse en los próximos meses.

Los participantes exigieron que posteriormente se lleve adelante un nuevo seminario para analizar y convalidar con las correcciones introducidas. También se indicó que es necesario socializar la nueva ley a la sociedad civil, de manera que se logre hacer cumplir cada uno sus artículos.

El evento tuvo el propósito de realizar una aproximación a las percepciones y opiniones locales sobre diferentes ejes temáticos los cuales servirán de valiosos insumos para la realización de un taller nacional que sistematice los elementos comunes y divergentes. De esta manera se espera construir colectivamente el anteproyecto de una nueva ley de medio ambiente.

Norma Mollo
LIDEMA - CEPA