Tras varias visitas realizadas a la Sub-Cuenca
Huanuni, los jóvenes líderes ambientalistas piden agilizar la implementación
del Decreto Supremo N° 0335 que declara Zona de Emergencia Ambiental de
carácter Departamental, con aplicación en los municipios de Huanuni,
Machacamarca, El Choro y Poopó del Departamento de Oruro. Recordemos que en fecha 21 de
octubre del 2009 el Presidente del
Estado Plurinacional Evo Morales Ayma, firmó el mencionado Decreto
Supremo Nº 0335, debido a la inminente afección a la salud humana y seguridad alimentaria
ocasionada por la prolongada presencia de contaminación y salinización de los
suelos del área de influencia de la Sub-Cuenca Huanuni.
Desde la aprobación de dicho Decreto han
transcurrido dos años y ocho meses, pero la contaminación ambiental continúa y
se agrava día que pasa. Se constató que la Empresa Minera Huanuni a la fecha
sigue botando directamente sus
residuos y desechos minerales (aguas de color plomo y negro, con alto contenido
de metales pesados) al río San Juan de Sora Sora. Si bien la empresa cuenta con un dique de
colas en el sector de Cataricagua, ésta no funciona por problemas técnicos. Lo
mismo ocurre con otras actividades mineras ubicadas en Japo, Santa Fe y
Morococala.
Se observó la acumulación de toneladas de
pasivos y sedimentos mineros que están esparcidos a lo largo de la Sub-Cuenca,
siendo las comunidades de la parte baja (Karavi, Kochi Piacala, Alantañita y
otras) las más afectadas. La acumulación de estos sedimentos ha modificado el
cauce normal del río, afectando de esa forma suelos productivos y el ecosistema
de la zona.
A la contaminación minera se suma la
contaminación urbana de la población de Huanuni, Machacamarca y otras
comunidades aledañas al río. Huanuni tiene más de 30 mil habitantes, no cuenta
con una planta de tratamiento de aguas servidas, ni un relleno sanitario. Por
tanto, todos los residuos sólidos y líquidos van directamente al río; por esa
razón el río está prácticamente sembrado de basura (botellas, bolsas plásticas,
residuos hospitalarios, etc.). Toda esta contaminación llega al río Desaguadero
y a los lagos Uru-Uru y Poopó.
Según los
comunarios de la zona, el problema central es el agua. Ellos indican que la
contaminación está afectando las aguas superficiales y subterráneas; también
señalas que el agua contiene metales pesados y no es apta para el consumo
humano y animal; pero, por la falta de agua, no hay más remedio que consumir
esta agua contaminada. Otro aspecto que denuncian los comunarios es la pérdida de la capacidad productiva de los
suelos, debido a la sedimentación y salinización, la que está afectando a la seguridad
alimentaria. Frente a esta situación, existe una amenaza latente a la salud de
las personas y de los animales, considerando que en muchas comunidades no hay agua
potable para el consumo.
La Constitución
Política del Estado, en su Art. 33, señala: “Las personas tienen un derecho a
un ambiente saludable, protegido y equilibrado…”. Además, el Art. 16 indica:
“Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación”. El Art. 342 establece
“Es deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de
manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener
el equilibrio del medio ambiente”. El Art. 347, parágrafo segundo, señala:
“Quienes realicen actividades de impacto sobre el medio ambiente deberán, en
todas las etapas de la producción, evitar, minimizar, mitigar, remediar,
reparar y resarcir los daños que se ocasionen al medio ambiente y a la salud de
las personas, y establecerán las medidas de seguridad necesarias para
neutralizar los efectos posibles de los pasivos ambientales”.
En este sentido, en base a la Constitución Política
del Estado, los jóvenes líderes ambientales piden la inmediata implementación
del Decreto Supremo N° 0335, en sus seis líneas estratégicas con planes,
programas y proyectos que apunten a mitigar, remediar y generar un desarrollo sostenible para las
comunidades afectadas. Además, exigen a la Empresa Minera Huanuni y a las cooperativas
mineras asentadas en la zona, la inmediata implementación de sus diques de
colas y medidas de prevención, control, mitigación y remediación, con la
finalidad de minimizar los impactos ambientales al ecosistema de la zona. También piden a los cuatro gobiernos
municipales encarar proyectos para realizar el tratamiento de la basura y las
aguas servidas.
Convocan y exigen a los Ministerios
de Defensa, Planificación del Desarrollo, Economía y Finanzas, Minería y
Metalurgia, Salud y Deportes, Medio Ambiente y Aguas y Desarrollo Rural y
Tierras, ser responsables de la implementación del Decreto y dar respuestas
concretas con proyectos, programas y planes en el marco de dicho Decreto. De la
misma forma se exige la Gobernación de Oruro y a los cuatro municipios
priorizar proyectos para las comunidades afectadas.
Es hora de dar soluciones
verdaderas a los graves problemas ambientales de la Sub-Cuenca Huanuni, no se
puede negar ni cerrar los ojos ante semejante contaminación, los comunarios que
viven en la zona también son personas que tienen los mismos derechos al igual
que otros ciudadanos, no puede haber ciudadanos de primera, segunda y tercera
clase. Por tanto, no se puede concebir que en pleno siglo XXI muchas
comunidades vivan en un entorno fuertemente contaminado. Los jóvenes
ambientales sostenemos el criterio fundamental de “Justicia Ambiental” para las
comunidades de la Sub-Cuenca Huanuni afectadas por la contaminación.
Limbert Sánchez
Choque
CEPA
Entradas
