La Ley de Minería y Metalurgia, fue promulgada el 28
de mayo de 2014 por el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, contra
la voluntad y sin el consentimiento de muchas organizaciones sociales que se
manifestaron a través de cartas abiertas, resoluciones y otros documentos. Sin
embargo, parece que los actores mineros: cooperativistas, mineros asalariados y
empresarios recibieron la Ley con beneplácito. El objetivo de esta Ley es la de
“Regular las actividades minero
metalúrgicas estableciendo principios, lineamientos, normas y procedimientos
para establecer el régimen de prospección, exploración, uso y aprovechamiento
responsable, planificado y sustentable de los recursos minerales; la estructura
institucional, los roles y atribuciones de las entidades estatales y de los
actores mineros y la estructura, atribuciones y procedimientos de la
jurisdicción administrativa minera” (Ley de Minería y Metalurgia Art. 1).
Con
el propósito de analizar esta Ley, la Escuela de Líderes Ambientales, que
involucra a comunidades afectadas por la contaminación minera, realizó un
intercambio de experiencias los días 28 y 29 de agosto del presente año. El
intercambio se realizó en Potosí, donde se visitó la comunidad de Chalviri,
perteneciente al Ayllu Jesús de Machaca de la Provincia Tomas Frías.
Participaron líderes ambientales de Potosí y Oruro, junto a autoridades
originarias y otros líderes locales.
En
el traslado a la comunidad de Chalviri (aproximadamente a dos horas desde la
ciudad de Potosí), se pudo observar varias represas o diques de contención en
funcionamiento y otras en proceso de construcción, mismas que sirven para el
tratamiento de los residuos que son expulsados por los ingenios durante la
concentración de minerales. Por otra parte, se observaron volquetas de alto
tonelaje que transportan ingentes cantidades de minerales hacia los ingenios.
También se vio varios trabajadores jóvenes, entre 18 a 35 años aproximadamente.
Los líderes que guiaban a la delegación, conocían muy bien las condiciones
laborales en estos ingenios. Señalaron que el trabajo está distribuido en tres
grupos de trabajo (puntas) con 8 horas laborales. Desde un punto cercano a la
comunidad de Chalviri, se logró divisar un socavón gigantesco, de donde salían
volquetas de alto tonelaje transportando carga rumbo a los ingenios. En las
serranías adyacentes se observó la existencia de una cantidad considerable de
socavones, donde trabajan cooperativistas mineros que son los propios
comunarios del lugar y otros de la provincia Bustillo, según la explicación de
los líderes ambientales de Potosí.
Un
primer tema de análisis que surgió a raíz de la visita, fue que los que se
dedican a la minería “sólo piensan en la
extracción de minerales y acumulación de fortuna propia, sin respetar las
normativas vigentes en el Estado Plurinacional, ni el hábitat de las
comunidades que viven aún de la agricultura y la pecuaria” (Versión textual
de uno de los participantes).
Los
líderes ambientales también mostraron su preocupación, por la manera en que el
Cerro Rico de Potosí y el sector de Chalviri, están siendo perforados sin
consideración alguna. Por esta razón, manifestaron: “¿cómo es posible que por la explotación de nuestros recursos naturales
que benefician sólo a pocos, se está rompiendo con el principio de vivir en
armonía con la Madre Naturaleza?”. Cuestionaron las condiciones actuales de
la minería que está atentando contra la sobrevivencia del ser humano y la
biodiversidad, mientras los operadores mineros solo están interesados en la
explotación de recursos y las ganancias, sin importarles la destrucción de la
naturaleza y la vida.
Por
otra parte, se pudo observar con mucha preocupación que la mayoría de los
diques de colas, administrados por grandes empresas mineras: Manquiri e Illapa
-antes Sinchi Wayra-, se conectan directamente con cursos de agua dulce que
desembocan al río Pilcomayo. A partir de esto, surgió un debate entre los
comunarios sobre el tema de los recursos hídricos que son afectados por las
actividades mineras, tanto por el uso masivo de agua que implica la minería,
como en las consecuencias de los vertidos mineros en las distintas fuentes
hídricas. De este modo, se concluyó que es imprescindible contar con una normativa
clara y actualizada sobre recursos hídricos, misma que debe ser resultado de un
amplio proceso participativo en su elaboración y no como a Ley de Minería.
La
reflexión principal de los líderes ambientales se dio en torno al tema agua.
Mientras no exista una Ley General de Aguas, se impondrán leyes con enfoques
sectoriales (Medioambiente, Riego, Minería, etc.), cada una con su propia
definición sobre el agua, además de sus propias estructuras de competencias y
autoridades responsables. La CPE define competencias compartidas entre el
gobierno nacional y las entidades territoriales autónomas sobre el tema agua:
protección de cuencas, proyectos de riego, agua potable, protección y
conservación del medio ambiente; sin embargo, no hay claridad en torno a estas
competencias en el marco constitucional, situación que empeora ante la ausencia
de una normativa más clara y específica sobre agua. Por ello, la nueva Ley de
Minería y Metalurgia, sectorialmente establece muchas facilidades para el uso
indiscriminado de recursos hídricos por los operadores mineros, en desmedro de
comunidades campesinas, pueblos indígenas y la población en general. Por tanto,
se considera necesaria una norma y una instancia específica que regule el tema
de recursos hídricos en Bolivia, al margen de intereses sectoriales que, está
claro, nunca velarán por el bien común.
Una
normativa legal sobre agua debe reconocer las características de la realidad
social, cultural y económica de la sociedad en su conjunto, conforme determina
el artículo 373, parágrafo I, de la CPE, que en su Capítulo de Recursos
Hídricos define el “agua como bien
público colectivo de carácter social y estratégico”; esto significa la
imposibilidad de una apropiación
privada. En otro lugar, el artículo 374, la Constitución establece que
el Estado protegerá y garantizará el uso prioritario del agua para la vida;
también reconoce, respeta y protege los usos y costumbres de las organizaciones
indígena-originario-campesinas, sobre el derecho, manejo y gestión sustentable
del agua. Por tanto, la comisión de líderes ambientales propone a la Asamblea
Legislativa Plurinacional, priorizar y agendar lo más antes posible el
tratamiento de la Ley Marco de Aguas, y así evitar futuros conflictos sociales.
Algo más, se solicita a los Asambleístas legisladores un amplio proceso de
consultas y participación en la elaboración de dicha Ley para darle legitimidad
social, lo que no sucedió con la Ley de Minería y Metalurgia.
Apolinar
Flores Tococari
AESOR
JURIDICO URUS LAGO POOPO
UNIDAD
DE FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - CEPA
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