NO TODOS SOMOS MINEROS
De toda la
fuerza laboral del Departamento de Oruro, asumamos que un tercio son compañeros
trabajadores mineros (asalariados y/o cooperativistas). Consiguientemente,
estamos hablando de uno de los sectores más importantes de la economía regional
y por supuesto nacional; este reconocimiento no sería completo si no afirmamos
que tiene una cualidad particular, y es que su efecto es multiplicador. Así
como sostenemos ésta primera afirmación, estamos seguros que nadie que sepa de
minería, se atreverá a negar su condición de “trabajo riesgoso y sacrificado”.
Entonces, queda establecido de que estamos hablando de uno de los sectores más
pujantes de Oruro y el país en su conjunto.
Pero, no todos somos mineros.
Un segundo
sector importante de nuestra economía, es el comerciante. Cuánto foro, cuánto
coloquio o cuanto seminario sobre la economía de Oruro nos ha afirmado que el
comercio se ha constituido en otro resorte decisivo de nuestra economía. Es
elemental preguntarnos aquí: cuando se presenta una baja en la cotización de
los minerales, ¿quiénes evitan que naufrague nuestra economía? Cuando por
alguna razón los gremiales se movilizan, vemos las filas interminables de
mujeres y hombres que se dedican al comercio, ¿acaso esto no nos dice nada? Negar
este extremo, es simplemente negar la realidad.
Un tercer
sector, al que generalmente se le ha quitado méritos, es el agropecuario.
Campesinos que se dedican a la siembra y al pastoreo y que generosamente aseguran
que los productos que consumimos a diario lleguen a nosotros. Son los que
subvencionan los alimentos que llegan a nuestra mesa. Producen nuestros
alimentos cuidando la tierra. Como se ve, no todos dependemos de la minería.
En el aparato
productivo en general, cada sector juega un rol importante, unos con mayor
incidencia que otros, pero importantes al fin. Cada sector constituye un
engranaje de ese aparato que mueve la economía regional y nacional. Entonces, ¿será
justo que algún sector se arrogue la representación de todo el pueblo?.
LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA
Todos los
actos de la CORIDUP fueron y son públicos, y por lo tanto, transparentes. Desde
los años 2002 – 2003, las demandas de las comunidades afectadas por la minería
fueron impetradas a la autoridad ambiental competente siempre dentro el marco
de la Ley. Cuando la cotidianidad de la labor agropecuaria nos dice que la
tierra y el agua no son las de antes y están contaminadas, en lugar de
arremeter, en lugar de conflictuar, se optó por allanar el camino de la
legalidad en base al diálogo.
Fue entonces
que comprendimos que la manera de parar de sufrir la contaminación, no estaba
en el enfrentamiento con los trabajadores mineros, sino en hacer cumplir la Ley,
entendiendo y haciendo entender que el cuidado del medio ambiente, no es una
carga más a la economía de nuestros compañeros mineros, sino que es una
INVERSIÓN.
Todo lo que se
ha hecho hasta hoy, es pedir que se cumpla la ley. Aquí, a partir del Art. 33 de la Constitución
Política del Estado, se puede enumerar todo un rosario de artículos de la
normativa ambiental con que cuenta el país.
Y lo que se ha
pedido a esos funcionarios públicos, hoy por hoy “acusados” por los compañeros
mineros de “favorecer a las ONGs”, es que dichos funcionarios cumplan y hagan
cumplir la ley y nada más que la ley. Si a ti te contratan para el trabajo en
una panadería, es para que hagas o ayudes a hacer panes, no puedes hacer adobes
o simplemente no hacer nada. Lo propio, si se contrata a profesionales afines
al rubro ambiental, o concretamente para cumplir con los objetivos
institucionales de la oficina de Medio Ambiente y Madre Tierra dependiente de
la Gobernación de Oruro, es simplemente para que cumplan y/o hagan cumplir la
normativa medio ambiental con la que cuenta el país.
Quienes podríamos
solicitar la destitución de los “cuestionados” funcionarios, somos las
comunidades afectadas por la contaminación minera. No por una “supuesta
parcialización”, sino porque hasta hoy, en algo más de 10 años de gestión ante
la Secretaría de Medio Ambiente departamental, el Ministerio de Medio Ambiente
y Agua y su Viceministerio, no se ha logrado que la contaminación por lo menos
baje; no se ve resultados.
Recurrir al
fácil expediente de “pedir destitución”, ignorando la responsabilidad ambiental
de los operadores mineros, dejando de lado o ignorando los derechos humanos de
dichos funcionarios, es obrar por consigna, donde la razón está por demás. Si
se afirma que no están en contra del medio ambiente y que se obre en
consecuencia, que se diga cuál de las empresas mineras en Oruro cumple con las
normas del medio ambiente. Que de una vez por todas, se dé el gran salto del
discurso a los hechos. Solo así tendremos la certeza de que fue la FSTMB la que
se expresó en torno al medio ambiente, y no algún dirigente que se preste a los
intereses empresariales.
CONTROL SOCIAL
La visión y la
altura política de la dirigencia minera siempre estuvo presente en la FSTMB.
Por eso sorprende de sobremanera, cuando uno o unos dirigentes empiezan a
inquietarse porque se habrían “anoticiado” de que tanto a la CORIDUP como al
CEPA y LIDEMA se les habría reconocido como instancias de CONTROL SOCIAL.
Dejemos las cosas en claro: la figura del Control Social es un DERECHO que
otorga la Constitución Política del Estado a todas las/os ciudadanas y
ciudadanos bolivianos. Art. 241.-
establece: “ I. El pueblo soberano, por medio de la
sociedad civil organizada, participará en el diseño de las políticas
públicas. II. La sociedad civil
organizada ejercerá el Control Social a la gestión pública en todos los niveles
del Estado, y a las empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que
administren recursos fiscales. ….” EL CONTROL SOCIAL, NO ES UNA
DÁDIVA DE NINGÚN SECTOR EN PARTICULAR.
En muchas
ocasiones, como organizaciones del campo, sufrimos incomprensión por esta clase
de afirmaciones, pero se debe saber que nuestra conciencia viene de cuidar y
tratar, día tras día, la madre tierra. Nuestra lucha seguirá mientras haya
contaminación.
CORIDUP
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