Urus del lago Poopó y Tapietes del Gran Chaco: un encuentro histórico de dos pueblos de pescadores ancestrales

A iniciativa de los pueblos Urus del lago Poopó (Departamento de Oruro) y Tapietes del Gran Chaco (Departamento de Tarija), los días 7 y 8 de noviembre se realizó un encuentro, calificado por ellos mismos de “histórico”, entre representantes de ambos pueblos, tanto en la localidad de Villamontes como en la comunidad Tapiete de Samuguate.

En propósito fundamental fue realizar un intercambio de experiencias en torno a los rasgos culturales compartidos de estos dos pueblos de pescadores, cazadores y recolectores ancestrales; también acerca de sus problemas y necesidades en común, como pueblos indígenas altamente vulnerables en virtud de su reducida demografía en comparación los pueblos indígenas mayoritarios de Bolivia.

En ambas jornadas predominó el análisis de temas como territorio, educación, recursos naturales, haciendo énfasis en problemas tales como la carencia de un territorio para los Urus del lago Poopó, la precariedad del sistema educativo formal en las comunidades Tapiete y Urus, la contaminación del lago Poopó y del río Pilcomayo producto de actividades mineras que se desarrollan en tierras altas, hecho que afecta considerablemente a los hábitats de estos pueblos, poniendo en riesgo su continuidad cultural misma.

Los Urus y Tapiete manifestaron que como pueblos indígenas son la base del Estado Plurinacional de Bolivia, pero que lamentablemente no reciben atención estatal efectiva debido a su condición de “minorías”. Firmemente, rechazaron el anteproyecto de Ley sobre “Pueblos en peligro de extinción, en situación de aislamiento voluntario y no contactados”, propuesto por el Viceministerio de Justicia Indígena Originaria Campesina, sobre todo porque ésta no fue consultada ni consensuada con los propios pueblos indígenas involucrados, además que consideran que atenta a su derecho de autodeterminación al colocar una instancia bajo control del gobierno central como principal rector de cualquier actividad en los territorios de estos pueblos.

Como resultado del encuentro entre Urus del lago Poopó y Tapietes del Gran Chaco, se elaboraron dos documentos que citamos textualmente a continuación:

CREACIÓN DE LA COORDINADORA DE PUEBLOS INDÍGENAS ALTAMENTE VULNERABLES

En la comunidad de Samuguate, centro cultural del territorio del pueblo Tapiete, siendo horas 17:00 del día 8 de noviembre del año 2013, nos reunimos en ejercicio de nuestra voluntad y autodeterminación, los pueblos eternamente olvidados, discriminados, pero con una voluntad férrea y con nuestro espíritu puesto en el futuro, creamos la Coordinadora de Pueblos Indígenas Altamente Vulnerables entre los Pueblos Tapiete y Urus en una primera instancia, pudiendo incorporarse en el futuro los pueblos indígenas vulnerables que así lo soliciten.

La Coordinadora de Pueblos Indígenas Altamente Vulnerables tiene como misión principal:

1. Coordinar acciones conjuntas de reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas.
2. Evitar por todos los medios y denunciar los atropellos en contra de nuestros pueblos indígenas y naciones originarias.
3. Gestionar la consolidación de los territorios ancestrales en favor de nuestros hermanos.
4. Otros necesarios que surjan del mandato de nuestros pueblos.

Se establece un primer Directorio a.i. conformado por los siguientes hermanos:

• Presidente coordinador Urus, Vicente Valero
• Presidente coordinador Tapiete, Wilver Ferreira
• Equipo de apoyo Urus, Félix Condori y Apolinar Flores (Asesor Técnico)
• Equipo de apoyo Tapiete, Pascual Balderas y Gastón Crespo (Asesor Técnico)

En conformidad firman al pie los asistentes.

MANIFIESTO DEL PILCOMAYO “ITIKA GUASU”

Reunidos en Samuguate los históricamente discriminados, los dueños históricos de los territorios, los seres humanos que formamos las naciones Tapiete y Urus, declaramos al Estado Plurinacional y a los pueblos del mundo, que nuestro río (Pilcomayo) está herido y agonizando, contaminado aguas arriba por hermanos que no piensan en los que vivimos aguas abajo, que apoyados por el poder de turno envenenaron nuestras aguas y nos ponen en peligro de extinción. Por estas razones manifestamos lo siguiente:

1. Denunciamos al mundo el envenenamiento de nuestras aguas por parte de mineros aguas arriba.
2. Solicitamos y exigimos al gobierno tomar cartas en el asunto a la brevedad.
3. Exigimos la consulta previa, libre, informada y consentida respecto a la Ley de Minería y otras leyes.

 Unidad de culturas - CEPA

Un congreso de constructores de Justicia Socio Ambiental

La Unidad de Formación y Comunicación del Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA), tiene entre sus estrategias la de promover la formación de estudiantes de colegio y universitarios; profesionales y personas independientes como agentes replicadores de la temática medioambiental.  Para lograr su objetivo utiliza métodos de la Educación Popular, es decir acción – reflexión – acción. En consecuencia, todo el proceso formativo que encara este Unidad al interior de CEPA es: partir de la realidad; dotarles de metodologías y herramientas de estudio (técnicas de análisis e interpretación de datos) y por último la de dotarles de herramientas de difusión y divulgación.

De este proceso de formación han participado representantes de organizaciones sociales, entre ellas CORIDUP, Eco Mujeres y las naciones originarias de los Urus y Jach’a Carangas, además de estudiantes de colegios y universitarios, maestros, abogados y otros profesionales. Como resultado de este proceso de formación se realizaron investigaciones sobre cuatro ejes temáticos referidos al agua, los residuos sólidos, el cambio climático y la minería. De esta manera el CEPA, en coordinación con el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) y la Escuela de Líderes Ambientales (ELA) busca la promoción de investigadores que aporten en dar soluciones a la problemática ambiental.

Para ello, anualmente se convoca a un congreso que permita abrir espacios de diálogo e intercambio con otros profesionales a nivel local, departamental, nacional e internacional. Este evento concluye con una resolución que es puesta a consideración de las autoridades competentes a nivel municipal, departamental y nacional.

Este año se convocó al VII CONGRESO DEPARTAMENTAL DE LÍDERES AMBIENTALES, con el lema “Construyendo Justicia Ambiental para vivir en un ambiente sano”`, para los días 16 y 17 de noviembre de 2013.

El 16 de noviembre se contó con exposiciones de varios investigadores de renombre nacional e internacional, entre los que podemos destacar a:

a)    Jaime Borda. El es miembro de Derechos Humanos Sin Fronteras de Cusco Perú y desempeña el cargo de Coordinador de la Red Muqui –Sur, instancia que agrupa a una serie de organizaciones sociales del sur andino del Perú. Es especialista en temas de Minería y Derechos Humanos.

En su exposición demostró las consecuencias de la contaminación ambiental a causa de la minería en el Perú en la salud de los niños y de los adultos. Nos decía que a las organizaciones sociales no se les permite cuestionar las operaciones mineras, ya que el gobierno criminaliza a las organizaciones sociales preocupadas del medio ambiente, acusándolos de oponerse al desarrollo del Perú.

b)   Golda Fuentes. Es activista de derechos Humanos y ha realizado diferentes trabajos en Suiza sobre DD HH y la responsabilidad empresarial. Actualmente está apoyando a Derechos Humanos Sin Fronteras en Cusco Perú.

Su exposición se ha centrado en mostrarnos los mecanismos que utiliza la empresa Glencore Xtrata en la extracción de minerales. El sistema utilizado por ellos hace uso excesivo del agua, deja tierras no aptas para el cultivo y la evasión del pago de impuestos y regalías. Su riqueza es acumulada a costa de la pobreza de muchas poblaciones en Colombia, Argentina y Bolivia. En nuestro país sus operaciones mineras se encuentran en Bolívar – Antequera. Las comunidades aledañas frecuentemente denuncian a las autoridades departamentales que las poblaciones de Pazña y Bolívar sufren de la falta de agua potable.

c)    Jorge Campanini. Es responsable de temas ambientales del CEDIB. Se dedica al seguimiento de los pasivos ambientales en Aguaragüe y a la sistematización de los conflictos mineros en Bolivia.

En su exposición nos explica las consecuencias ambientales de la explotación minera de Sinchi Wayra, Inti Raymi, San Cristóbal, Huanuni, etc. Denuncia el uso indiscriminado de agua dulce. Además, menciona que como impuestos y regalías quedan migajas para nuestro país. A modo de comparación demostró que la Cervecería Boliviana Nacional deja mayores impuestos para nuestro país que las mismas empresas mineras.

Entre otros expositores a nivel local relevamos la participación del:

• Ing. Rolando Herrera, Gerente técnico, a.i. de SELA – ORURO,
• Ing. Guillermo Quispe, docente de la UTO
• Mgs. Emma Janssens y Marthe Timmerman, cooperantes de CATAPA (Bélgica) en Bolivia.

Los participantes del VII Congreso Departamental alcanzaron a 240 personas, entre representantes de organizaciones sociales; instituciones públicas y privadas, estudiantes de colegio y universitarios. En las resoluciones del congreso dicen, por ejemplo:

Sobre Residuos Sólidos:

La generación indiscriminada de residuos sólidos contamina nuestra ciudad y departamento, por lo que vemos con preocupación la inexistencia de un plan estratégico desde el gobierno municipal y departamental. El plan estratégico no pasa solamente por la realización de campañas de limpieza, sino que de respuestas a largo plazo que nos permitan vivir dignamente.

Sobre Agua:

El agua es vida. Por tanto se debe garantizar este elemento vital para todos los orureños y orureñas prioritariamente. En segundo lugar debería destinarse a la agricultura y ganadería, y  por último, con políticas de protección, destinarse al comercio, la industria y minería. Sin embargo lamentamos que esto suceda al revés.

Sobre Cambio Climático:

El calentamiento global está provocando grandes destrozos a nuestro planeta por un manejo inadecuado y el uso descontrolado de nuestros recursos naturales.

Sobre Minería:

Parte de nuestro departamento se caracteriza por ser minero. Sin embargo estas operaciones, cuando no existe control ambiental, destruyen nuestra naturaleza. Además, el uso indiscriminado de aguas contamina nuestros ríos y lagos y las aguas subterráneas.

El documento fue firmado por representantes de más de veinte organizaciones originarias y sociales, de entidades universitarias, educativas y municipales, de asociaciones de profesionales y de agrupaciones culturales, juveniles y de la sociedad civil.

Julián Arias Carballo

Unidad de Formación y Comunicación – CEPA

CORIDUP en la campaña de Octubre Azul 2013

El domingo 27 de octubre en la ciudad de La Paz se desarrolló el cierre nacional de la campaña “Octubre Azul” 2013 en su octava versión. De la misma participaron diferentes instituciones y organizaciones como la Asociación ANAPA, CORIDUP, Agua Sustentable, Fundación Solón, Cáritas, Bus Ecológico, Tambores de Ojalata, Grupo Edad de Oro de la Universidad Católica, entre otras. 

La Coordinadora en Defensa del Rio Desaguadero del lago UruUru y Poopó (CORIDUP) puso en conocimiento de los visitantes a dicho evento, los efectos que están sufriendo las comunidades de Oruro por la minería, ya que estas operadoras mineras están contaminando las aguas dulces subterráneas, así como el rio Desaguadero y los lagos Uru Uru y Poopó.

“La contaminación que estamos sufriendo por parte de las operadoras mineras a las aguas subterráneas están haciendo que los animales nazcan deformes y los suelos se están salinizando, y se ve la desaparición de aguas, porque hasta ahora no existe una minería responsable con el medio ambiente”, explicó Don Félix Layme, presidente de la CORIDUP. 

Asimismo mencionó que se están haciendo gestiones desde años atrás sin conseguir la debida atención de las autoridades; “No existe voluntad política para solucionar los problemas que estamos atravesando, ya son varios años que estamos con este problema y nuestros ganados van muriendo porque consumen aguas contaminadas”, concluyó. 

En tanto la secretaria de organización de CORIDUP, María Rafael, mencionó que se han realizado diferentes acciones para denunciar la contaminación al agua por las operaciones mineras. “Se han realizado monitoreos, inspecciones y estudios que demuestran que existe una preocupante contaminación y lo que nosotros pedimos es la atención del Estado y las operadoras mineras y que realicen el tratamiento de las aguas contaminadas”, manifestó.

Por su parte la coordinadora y responsable de la Campaña Octubre Azul, Lic. Elizabeth Peredo, indicó que con esta actividad se busca sensibilizar a la población en el tema del agua y para ello se tiene la participación de 105 organizaciones “Lo que se está haciendo ahora es dar información, socializar y distribuir materiales sobre los contenidos de la Campaña Octubre Azul frente a la problemática del agua y sensibilizar así sobre este problema. Esta campaña lo conforman alrededor de 105 organizaciones e instituciones”, puntualizó. 

Univ. Mónica Zelma Rocha Bellot

Unidad de Justicia Socio Ambiental – CEPA

Extractivismo: nuevos contextos de dominación y resistencias

Hoy por hoy muchos países de América Latina viven contextos de dominación y resistencias por la implementación de proyectos extractivos. Actualmente el modelo económico de los países de la región está profundizando la dependencia a las actividades extractivistas ligadas a la minería, hidrocarburos y el uso intensivo del suelo en monocultivos agroindustriales. Todas estas  actividades están orientadas a la exportación, es decir saquear los recursos naturales para que otros se beneficien y lo que dejan como ganancia son los pasivos y la contaminación de por vida.

Ante esta realidad los diferentes gobiernos  de la región están promoviendo actividades extractivas, aprobando leyes y decretos que benefician a las empresas y a las grandes corporaciones, otorgándoles más derechos y más garantías, en desmedro de las comunidades y pueblos. En muchos países los proyectos extractivos se están concentrando en zonas estratégicos con la finalidad de tener más control de los recursos naturales.

Muchos de los conflictos mineros en la actualidad están en torno al acceso  y uso del agua, control de los recursos naturales y la defensa de los territorios.  Los proyectos mineros y la explotación hidrocarburífera no respetan los territorios, consumen mucha agua y energía; por tanto los impactos socioambientales son alarmantes y desastrosos con grandes consecuencias para el medio ambiente, flora y fauna. 

Para contrarrestar los conflictos, las empresas tienden a dividir a las comunidades, a cooptar a los líderes, dirigentes y autoridades. Prometen gran cantidad de empleos pero las mismas no son  sostenibles; a inicios sí, necesitan mano de obra; con el paso del tiempo solo necesitan máquinas con sus operadores, por tanto se reduce la promesa de empleos. También prometen proyectos sociales y productivos, pero en realidad este tipo de apoyo está condicionada a los chantajes de las empresas, por lo que unos se benefician y otros no. Estos tipos de apoyo solo son paliativos y no se enmarcan dentro un plan estratégico de desarrollo de las comunidades. Por eso en muchas zonas mineras donde hubo actividad minera, al final quedan pueblos desolados, contaminados con los pasivos mineros y sin alternativas de desarrollo.

Desde esa perspectiva los mega proyectos extractivos apuntan a acaparar los territorios y los recursos naturales. Esta forma de saqueo de nuestros recursos naturales se ha perpetuado desde la colonia y hoy continúa bajo la dirección de las grandes corporaciones, en complicidad de los gobiernos y los organismos internacionales.

Frente a esta realidad, en muchos países de América Latina, los conflictos sociales ligados a los recursos naturales va en aumento. Cada vez más las comunidades y los pueblos están cuestionando  este tipo de desarrollo. Como respuesta a estos movimientos de resistencia las empresas, en complicidad de los gobiernos, están instaurando sistemáticamente procesos de criminalización y judicialización de la protesta social en defensa del agua, medio ambiente y los recursos naturales. En varios países los conflictos socioambientales han causado muertes, heridos y detenidos.

Ante esta realidad, las organizaciones sociales, comunidades, académicos, instituciones y pueblos indígenas de los países de la región proponen la articulación de los pueblos y organizaciones como estrategia de resistencia frente a los proyectos mega extractivos. La lucha de los pueblos es una lucha por la vida, por la madre tierra, por el agua y por los recursos naturales.

El presente artículo fue escrito a ocasión del seminario “Extractivismo: nuevos contextos de dominación y resistencia”, que se ha desarrollado en la ciudad de Cochabamba del 21 al 24 de octubre, con la participación de expertos académicos, investigadores y líderes de los países de Argentina, Colombia, Perú, Brasil, El Salvador y Bolivia. Este evento fue organizado por el Centro de Documentación e Información Bolivia CEDIB.

Limbert Sánchez

CEPA - Oruro

Régimen de Derechos y Régimen Tributario.

Líderes y representantes de las comunidades afectadas por la contaminación minera cuestionan el proyecto de ley minera (Tercera parte)

En el marco del encuentro de la Escuela de Lideres Ambientales, realizado en la ciudad de Oruro del 10 al 12 octubre, líderes de las organizaciones sociales urbanas y rurales de las regiones mineras de Oruro, La Paz, Cochabamba, Potosí y Chuquisaca, se reunieron en un 1° encuentro para analizar la política y el proyecto de la Ley de Minería (versión de julio del 2013). Después de un análisis colectivo se arribaron a las siguientes conclusiones:

Sobre régimen de derechos:

• Se hace notar que la CPE no reconoce como empresas mixtas a los actores mineros. Sin embargo, figura como tal en el proyecto. Se solicita saber con qué finalidad y bajo qué norma se incluye.
• Creemos que en la actualidad la economía en minería beneficia totalmente al operador privado transnacional y cooperativo. Este proyecto es considerado negativo porque formaliza la autorización de remisión de las utilidades de la producción minera a las casas matrices en el exterior. Proponemos que un porcentaje de estas utilidades sean reinvertidas en el país, muy aparte de los tributos que están designados por ley.
• Consideramos que este proyecto permite especular con los recursos naturales del país en las bolsas de valores extranjeras, permitiendo así el juego mercantilista de las grandes corporaciones. Este es el nudo de dependencia a las fluctuaciones del mercado y no implica un régimen de planificación y desarrollo progresista y también es anti constitucional. Creemos que la política minera debe rediseñarse a partir de la protección de nuestra producción y generación de industria. No podemos entrar en la cancha de las grandes –o pequeñas- corporaciones que se dedican al engorde en base a la especulación de nuestros recursos naturales.
• La ley señala que solo una autoridad judicial puede paralizar una operación, sabiendo que el tribunal agroambiental y otras instancias no pueden solucionar los problemas de las comunidades afectadas. El estado, de oficio, debería intervenir,  preservando la integridad de las personas y el territorio.
• Creemos que la ley minera desplaza otros derechos y se sobrepone a los mismos, dando preferencia al operador minero e imponiendo, con ayuda del estado, su control de la superficie, exista o no acuerdo entre partes. De este derecho minero difícilmente gozaría el comunario, menos aún del poder de explotar los minerales de su territorio.
• Creemos que tiene que regularse el trabajo cooperativo, evitando el patronaje de los socios y dirigentes cooperativistas que excusándose en su naturaleza social, proporcionan las peores condiciones de trabajo a sus peones asalariados, sin seguridad social y menos industrial. Debe, pero si exigir fiscalizarse para que, como dice este proyecto solo los socios de las cooperativas mineras realicen el trabajo minero en igualdad de condiciones y se descubra a los empresarios ocultos detrás de este importante actor social.
• Creemos que todas las formas de entrega de nuestros recursos naturales, en este caso el derecho minero, tienen la obligación de contar con la licencia ambiental como requisito fundamental para poder gozar de este beneficio otorgado por el Estado.
• Esta ley consolida la forma de negociación de los recursos naturales sucedidos en épocas pasadas, es decir: la negociación de nuestros yacimientos mineros a espaldas del Estado entre privados, su venta, especulación, acumulación y otros que este proyecto acepta y sacramenta. Creemos que no es posible realizar un borrón y cuenta nueva, pero sí, es justo en este marco del estado plurinacional, conocer los términos y la totalidad de estos contratos calificados incluso por autoridades mineras como “leoninos”. Solicitamos hacer públicos los contratos realizados por las empresas privadas, las cooperativas y el estado, que han configurado la desordenada realidad minera nacional.

Sobre el régimen tributario:

• Creemos que es un retroceso mantener como bases de cálculo la regalía minera, dado que pone un “techo” al pago de los operadores y no considera para nada épocas de bonanza de precios, creando un espacio de pérdida de capital que podría ser directamente aprovechado por el Estado.
• La forma de distribución de la regalía minera (80% gobernación, 15% municipio y 5% TGN) no garantiza de ninguna forma beneficios a las poblaciones afectadas, dado que esto se diluye en el  gasto publico común. Proponemos que parte de las regalías se garanticen si o si en proyectos productivos para las comunidades afectadas.
• La norma posibilita la acreditación a regalía minera en base a cotizaciones irreales, en el sentido de que la empresa podrá siempre acreditar a RM teniendo el techo anteriormente mencionado y que no busca un beneficio real para el estado. Estos valores excepcionales de acreditación permitirían solamente pagar los tributos mineros en tiempos poco comunes, es decir: existen más incentivos para las empresas y menos beneficio para el país.
• La normativa contiene un régimen particular para las cooperativas, las cuales se benefician con el no pago de impuestos, siendo en la actualidad el principal actor minero.

Oruro, octubre de 2013

• Coordinadora Nacional de Afectados por la Minería y la Protección de Medio Ambiente CONAMPROMA.
• Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu CONAMAQ.
• Coordinadora en Defensa del Río Desaguadero, Lagos Uru-Uru y Poopó CORIDUP.
• Comunidades de la subcuenca Desaguadero.
• Comunidades de la subcuenca Huanuni.
• Comunidades de la subcuenca Poopó.
• Comunidades de la subcuenca de Antequera Pazña.
• Promotores Ambientales Derechos Indígenas Originarios PADIOS – Potosí.
• Eco Mujeres – Oruro.
• Escuela de Líderes Ambientales ELA – Oruro.
• Nación Originaria Jatun Quillacas.
• Coordinadora Departamental para el Cambio CODELCAN – Chuquisaca.
• Comunidad la Mendoza – Chuquisaca.
• Comunidades de Saucari  - Oruro.
• Centro de Ecología y Pueblos Andinos CEPA – Oruro.
• Asociación Nayra Pacha ANAPA – Oruro.
• Nación Originaria Suyu Jach’a Carangas.
• Subcentral Villa Ancocota Provincia Inquisivi - La Paz.
• Comunidad de Calari Provincia Pacajes La Paz.